A la espera del plebiscito del 25 de octubre para decidir una reforma constitucional, el país trasandino atraviesa dificultades en todos los ámbitos, que rememoran aquella revuelta social desatada a fines del año pasado, aunque ahora con el agregado de la pandemia de por medio.

A poco menos de 100 días de la realización del plebiscito que pondrá en consideración la posibilidad de una reforma constitucional, Chile atraviesa un presente complejo pues, a la crisis social y política que se desató en forma de protestas masivas y prolongadas en octubre pasado, se le sumó el drama sanitario y económico que se evidenció a partir de la pandemia de coronavirus, un combo que hace tambalear a uno de los países que se percibía más estable en medio de una Latinoamérica convulsionada.

El último eslabón que sacudió la estructura de la nación trasandina fue el avance en el Congreso de una ley que desarticula el esquema de pensiones que se mantiene desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet, con el objetivo de brindar un alivio financiero y así paliar las consecuencias de la emergencia actual.

Se trata de la chance de los ciudadanos de acceder de hasta un 10 por ciento de los aportes jubilatorios que son absorbidos por las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) y que facilitarían un plafón para solventar gastos durante este periodo de incertidumbre. Así, se rompería un modelo de gestión que fue base a lo largo de 40 años, y que estuvo en el centro de la escena, especialmente en los últimos meses, dado que los críticos lo consideran una pieza elemental para la profundización de la brecha entre los más ricos y los más pobres.

La habilitación de esta idea en el parlamento tuvo un primer paso en la cámara de Diputados, con el aval de toda la oposición y algunos legisladores del oficialismo, lo que significó un golpe duro para el presidente Sebastián Piñera.

Y ahora todo está en manos del Senado, que el lunes empezará el derrotero rumbo a la aprobación de la reglamentación, aunque desde el Ejecutivo se confía en que se revierta la tendencia y se vuelva todo atrás.

Por lo pronto, ¿qué significa esta lógica a pasos de implementarse? Dos cuestiones contundentes, una coyuntural y otra de largo alcance, que hace mella en un sistema aceitado durante décadas.

Aquel item tiene el foco en dar una respuesta rápida a una población con muchas necesidades, que observa cómo la expansión de la enfermedad acentuó un deterioro ya vislumbrado previamente y que había explotado en el segundo semestre de 2019, con desmanes en las calles al por mayor. De hecho, poco antes de la votación en el recinto, se dieron una serie de cacelorazos y barricadas en diferentes puntos del país, con epicentro en la zona metropolitana de Santiago.

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Y la otra pauta hace referencia a una cuestión estructural, con un sistema que, si bien sirvió en su momento como ejemplo que se repitió en otras partes del continente e incluso Europa, hoy no encuentra asidero y es rechazado por la mayoría de los chilenos, a tal magnitud que cerca de un 80 por ciento está a favor de las modificaciones previstas.

Las AFP son agencias privadas que fomentan la capitalización de las pensiones. En ese sentido, desde su implementación, bajo la órbita del ministerio de Trabajo, en 1980, con la estampa de José Piñera, el hermano del actual mandatario, se le dio curso a una idea que en la teoría tenía una meta para favorecer al trabajador pero que en la práctica estuvo lejos de concretarse. ¿Por qué? Un 10 por ciento del sueldo bruto es destinado a las administradoras, de forma obligatoria, y luego ese dinero ingresa al sistema financiero en diferentes fórmulas, especialmente acciones. La pretensión es hacer rendir el efectivo, que luego se cobra cuando se concrete la jubilación. Ese monto corre los riesgos habituales del mercado, con subidas y bajadas según el contexto, pero los dividendos mayores terminan en las arcas de las empresas -además de las respectivas comisiones- mientras que el trabajador finaliza su ciclo laboral y muchas veces, al esperar cifras superlativas, halla que incluso son menores a los de un sueldo básico.

Esa maquinaría, que supo tener su esplendor durante la dictadura de Pinochet, con el guiño histórico de la renombrada Escuela de Chicago en Estados Unidos, no encontró grandes obstáculos en democracia y siguió su itinerario con leves modificaciones, como la establecida por Michelle Bachelet, que posibilitó la creación de un fondo solidario para aquellos que no podían acceder a este tipo de bloques y la confección de una AFP estatal. Pero no fue suficiente y desde 2016 nació un proyecto, en las calles, para buscar su erradicación, el "No +AFP", bisagra en una lucha que fue caldo de cultivo para lo que sacudió al país en octubre, con un estallido sin precedentes.

La cuestión de las pensiones mantiene en vilo a la casa de La Moneda, y las razones están en el desbarajuste generalizado que podrían provocar. Es que actualmente hay un puñado de empresas en el manejo de esos fondos, casi todas multinacionales, que hacen sus operaciones bursátiles y mueven el amperímetro económico. Por caso, cuando se resolvió la votación en Diputados, Chile tuvo un notable desplome de su bolsa, con la preocupación paralela de la falta de liquidez en el mercado, si acaso los ciudadanos deciden ir en busca de esos porcentajes de sus fondos rápidamente.

Ese drama con los números tiene un corolario político, que puede repetirse si se replica la lógica en el Senado: el debilitamiento del arco oficialista. La Unión Democrática Independiente, aliada a Piñera, con quien tuvo cortocircuitos a fines del año pasado en medio del llamado al plebiscito, ahora se fragmentó y posibilitó, con un par de legisladores, que la oposición gane una batalla vital. Aún así, el presidente tiene todavía la chance del veto, para que todo vuelva al Congreso y permita modificaciones, pero eso sería avivar más el fuego de la bronca en una sociedad en crisis.

La hoguera, para colmo, tiene en la salud una chispa latente. Porque, más allá de algunos incentivos que pregona el Ejecutivo en el plano económico, como créditos blandos o renta básica más abultada para intentar escapar del laberinto de las pensiones, lo concreto es que el coronavirus hace lo suyo, y tiene en Chile a una víctima que está entre las de mayores números de contagios en el mundo, con más de 320 mil, y más de 8 mil muertes.

El país trasandino había arrancado la crisis como uno de los de mejor papel, cimentado en una gran capacidad de testeo. Pero su flexibilidad de la cuarentena desde el principio no tuvo la contención requerida y disparó los enfermos en pocos días, algo que generó una demanda en el sistema hospitalario que estuvo al borde de colapsarlo. Eso, sumado al manejo irregular de las estadísticas por parte de los funcionarios, derivó en el cambio de figuras en el ministerio de Salud (Enrique París por Jaime Mañalich), un desgaste mayúsculo agregado para Piñera.

Salud, justamente, era un item estructural en el que la sociedad pidió un viraje en la revuelta del año pasado, y en el inicio de 2020 se perfilaron una serie de reformas, especialmente en el acceso al sistema por parte de gente con pocos recursos, que iban a ser solventados por el Estado, además de reducción en los precios de los medicamentos. Pero la pandemia corrió todo a un segundo plano y generó un caos tal que profundizó la brecha de desigualdad.

En poco menos de 100 días Chile va a las urnas y se responderá si hay terreno fértil para cambiar su constitución. Y allí sabrá cuál será el derrotero de cada uno de sus protagonistas, aquellos en las calles -muchos de los cuales esperan por un giro de la carta magna que tiene base en la extenso ciclo pinochetista-, y otro puñado en la estructura política, que visualiza cómo cruje el modelo de antaño al calor de la emergencia sanitaria y no sabe cuál será su devenir en este futuro incierto.

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