Un hombre de 32 años falleció al recibir un impacto en el pecho, en circunstancias que aún se investigan. Según organizaciones de derechos humanos, piolicpias le arrojaron una granada de gas lacrimógeno.

Una nueva movilización en Bogotá contra el gobierno de Iván Duque reprimida por las fuerzas policiales provocó el fallecimiento de otra persona, en medio de una crisis que ya deja más de 60 muertos en siete semanas de protestas.

Jefes policiales y funcionario del Gobierno dijeron que la víctima, de 32 años, murió ayer "en confrontaciones" en el sur de Bogotá al recibir un impacto en el pecho en circunstancias que se investigaban, pero organizaciones de derechos humanos denunciaron que policías le arrojaron una granada de gas lacrimógeno.

Lamentamos "la muerte de un ciudadano en medio de las confrontaciones que se desarrollan desde tempranas horas en la localidad de Usme", en el sur de Bogotá, detalló el comandante de policía de la ciudad, general Óscar Gómez, en declaraciones formuladas anoche a periodistas.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, identificó a la víctima como "Jaime Alonso Fandiño, un hombre de 32 años".

"Después de un diálogo con la médica que lo atendió (...) se estableció que Jaime recibió un impacto en el pecho por un objeto contundente muy probablemente a muy corta distancia", precisó Gómez en un video divulgado en Twitter.

"Hemos solicitado la mayor celeridad en el esclarecimiento de este caso. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para que sea necropsia la que haga un dictamen definitivo de las causas del deceso", agregó.

Organizaciones de derechos humanos señalaron que Fandiño murió al recibir "un impacto de una granada de gas lacrimógeno en su pecho" que fue disparada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) las fuerzas especiales de la policía colombiana, informó la agencia de noticias AFP.

Imágenes divulgadas por autoridades locales muestran a miembros del escuadrón usando bombas aturdidoras para dispersar a un grupo de manifestantes armados con piedras.

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Según autoridades civiles y la Defensoría del Pueblo (ombudsman), al menos 63 personas murieron desde el 28 de abril, cuando multitudes se tomaron las calles para marchar contra un proyecto para elevar impuestos a la clase media. Dos de los fallecidos eran uniformados.

Si bien la iniciativa fiscal fue retirada, las manifestaciones se mantuvieron, avivadas por una violenta represión policial que fue condenada por la comunidad internacional.

La ONG Human Rights Watch asegura tener "evidencias creíbles" de que "la policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales" y a otros tres "por uso indebido o excesivo de gases lacrimógenos o aturdidoras".

Aunque el Comité Nacional del Paro, el sector más visible de la protesta, suspendió las movilizaciones la semana pasada, otros sectores inconformes mantienen activas las marchas, concentraciones y bloqueos en varios puntos de Bogotá y Cali, tercera ciudad del país y epicentro del sangriento estallido social.

Lo que comenzó con una protesta contra impuestos terminó en un movimiento que exige una reforma a la policía y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia de coronavirus, que elevó la pobreza del 37% al 42% de la población.

El Gobierno sostiene que organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico se infiltraron en la protesta.

Ayer, Duque responsabilizó a las movilizaciones por el agresivo tercer pico de la pandemia, que lleva varias semanas con récords de muertes y contagios diarios, y ya deja más de 100.000 fallecidos en el país sudamericano.

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