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La presidenta interina prometió trabajar por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos tras un ataque militar. En paralelo, familiares de presos políticos denuncian demoras en las excarcelaciones y Washington alerta por el accionar de milicias armadas en el país.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comprometió públicamente a lograr el retorno de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, detenidos la semana pasada por fuerzas estadounidenses tras un ataque militar que sacudió al país caribeño y reconfiguró el escenario político regional.
En un discurso de fuerte tono épico, la mandataria aseguró que su gobierno no descansará “ni un minuto” hasta concretar lo que definió como el “rescate” del exmandatario.
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“Hace un año juramos con el presidente Maduro, cuando comenzó su tercer mandato, y hoy, un año más tarde, estamos jurando por su libertad”, afirmó Rodríguez durante una actividad comunitaria en el estado de Miranda. Allí sostuvo que la unidad nacional será clave para alcanzar ese objetivo: “Lo vamos a rescatar, claro que sí. Con la unidad de nuestro pueblo lo vamos a rescatar”, reiteró.
Rodríguez buscó transmitir una imagen de control y legitimidad institucional en medio de la crisis. “Aquí no hay niveles de incertidumbre, aquí manda el pueblo venezolano. Y hay un gobierno, el del presidente Maduro”, sostuvo, antes de convocar a la militancia a “seguir marchando unidos” para garantizar “la paz, la vida y el futuro”.
Máxima tensión
El trasfondo de esas declaraciones es un escenario de máxima tensión. El pasado 3 de enero, fuerzas militares de Estados Unidos ingresaron en territorio venezolano y bombardearon Caracas y otras tres ciudades del centro del país. La ofensiva derivó en la captura de Maduro y de Flores, quienes ahora enfrentan procesos judiciales ante tribunales federales en Nueva York.
Desde Washington, el operativo fue justificado en el marco de causas abiertas contra el líder chavista, mientras que el gobierno interino lo denunció como una “captura ilegal”.
En paralelo al conflicto internacional, puertas adentro del país se profundiza el drama humanitario y político. Familias de presos políticos continúan esperando excarcelaciones que fueron anunciadas oficialmente pero que, denuncian, avanzan a cuentagotas. En las afueras de la cárcel de Rodeo I, cerca de Caracas, decenas de personas permanecen en vigilia desde hace días.
“En cada penal hay una familia esperando”, afirmó Margareth Baduel, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Reconoció el “desgaste físico y emocional” de la espera, pero aseguró que mantendrán la esperanza. Baduel es hermana de Josnars Adolfo Baduel, detenido desde 2020, e hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, fallecido en prisión en 2021 tras más de una década encarcelado.
Los liberados
Según organizaciones de derechos humanos, entre 15 y 22 personas fueron liberadas hasta el momento, una cifra muy inferior a los más de 800 presos políticos que, de acuerdo con la ONG Foro Penal, permanecen detenidos, en su mayoría desde la crisis poselectoral de 2024. Entre los excarcelados figuran dirigentes opositores, activistas sociales y ciudadanos extranjeros.
La tensión también se refleja en el plano de la seguridad. El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta en la que advierte que milicias armadas venezolanas, conocidas como “colectivos”, buscan a ciudadanos estadounidenses o pruebas de “apoyo a EE.UU.” en rutas y controles improvisados. Washington reiteró el pedido a sus ciudadanos para que no viajen a Venezuela o abandonen el país de inmediato, al tiempo que describió una situación “fluida y altamente riesgosa”.
Con un liderazgo interino que promete lealtad absoluta al chavismo, un conflicto abierto con Estados Unidos y una sociedad atravesada por la represión y la incertidumbre, Venezuela enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente.