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Una ONG denunció que el joven iraní Erfan Soltani, de 26 años, se enfrenta a una ejecución "inminente" luego de ser detenido en medio de masivas protestas.
La ONG kurdo-iraní Hengaw denunció que el joven iraní Erfan Soltani, de 26 años, se enfrenta a una ejecución "inminente" tras un "proceso judicial rápido y opaco" después de que fuera arrestado durante las recientes protestas antigubernamentales en Irán por la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.
La sentencia de muerte contra Soltani, residente de la ciudad de Fardis, ubicada en la provincia de Alborz, será aplicada previsiblemente el miércoles.
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La familia del joven no pudo acceder a información relativa a su expediente judicial, según ha detallado la organización no gubernamental, con sede en Oslo.
Soltani fue arrestado el pasado 8 de enero cerca de su domicilio en la ciudad de Fardis. Las autoridades iraníes habrían informado a la familia tan sólo cuatro días después de su arresto que había sido condenado a muerte en un proceso rápido. Su hermana, abogada de profesión, habría intentado hacerse cargo del caso, sin éxito.
Hengaw advirtió de que su inminente ejecución "constituye una clara violación del Derecho Internacional", especialmente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y "una ejecución extrajudicial" al negarle al acusado "el acceso a un abogado, una defensa efectiva y un juicio independiente".
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"La tramitación apresurada y poco transparente de este caso ha aumentado las preocupaciones por el uso de la pena de muerte como herramienta para reprimir las protestas públicas", expresó la ONG, instando a la comunidad internacional a tomar "medidas inmediatas para detener la ejecución".
Según fuentes de IranWire, Soltani habría sido condenado en virtud del delito de "enemistad contra Dios". Fuentes cercanas a la familia informaron de que las autoridades iraníes permitieron una última visita al condenado antes de que se ejecute la pena de muerte.
El caso de Soltani recuerda a otras ejecuciones durante las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en 2022 tras la muerte bajo custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini. Uno de los primeros fue el de Mohsen Shekari, condenado por herir "intencionalmente" a un guardia de seguridad con un cuchillo largo y bloquear una calle de la capital, Teherán.
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