El gobierno de Japón aseguró que la medida no representa peligro para el medioambiente o el ser humano. Fuertes críticas de los países vecinos.

A partir de 2023, Japón empezará a verter al Pacífico más de un millón de toneladas de agua -tratada, pero aún con ciertos isótopos radiactivos- procedente de la central nuclear de Fukushima, que fue destruida por un tsunami en 2011.

Su Gobierno ha llegado a la conclusión de que es la mejor manera de eliminar un problema que necesita resolver antes del año próximo, pese a la fuerte oposición de los países vecinos, algunas organizaciones ecologistas y el sector pesquero local.

El vertido, según ha explicado Tokio, se desarrollará muy poco a poco, a lo largo de 30 años. Primero se volverá a tratar el agua residual, acumulada durante una década, para limpiarla al máximo de sustancias indeseables, y se diluirá antes de arrojarla al mar. El proceso se llevará a cabo “con todas las medidas posibles para garantizar su seguridad” y con la mayor transparencia, según ha prometido el primer ministro, Yoshihide Suga, al anunciar la medida.

Estados Unidos, principal socio y aliado de Japón, ha expresado su apoyo a la decisión nipona, que “parece haber adoptado una estrategia de acuerdo con los estándares de seguridad nuclear aceptados globalmente”.

Cabe destacar que China y Corea del Sur han lanzado fuertes críticas contra el plan de Tokio. El Ministerio chino de Exteriores lamentó que Japón haya decidido unilateralmente verter las aguas residuales nucleares al mar "antes de agotar todas las vías seguras para su eliminación y sin consultarlo plenamente con los países vecinos y con la comunidad internacional".

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"Esto es altamente irresponsable y afectará gravemente a la salud humana y a los intereses inmediatos de la población de los países vecinos", agregó la Cancillería.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Corea del Sur ha convocado al embajador japonés, Koichi Aiboshi, para transmitirle el rechazo de los surcoreanos a los planes de vertido de las aguas contaminadas, así como las preocupaciones sobre los potenciales riesgos que puede tener para la salud de la gente y el impacto medioambiental.

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, expresó la "seria preocupación" de Moscú en relación a una decisión que se ha tomado sin consultar con los Estados vecinos, al tiempo que mostró la esperanza de que Tokio "muestre el debido grado de transparencia" y aborde el tema de manera responsable.

También los sindicatos de pescadores de Fukushima han instado al Gobierno durante años a no liberar el agua, argumentando que tendría un "impacto catastrófico" en la industria.

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