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El máximo tribunal falló por 6 votos contra 3 que Trump no tiene potestad constitucional para fijar aranceles bajo la ley de poderes de emergencia.
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los amplios aranceles globales impuestos por Donald Trump al considerar que el Poder Ejecutivo no tiene autoridad constitucional para establecer impuestos a las importaciones bajo la ley de poderes de emergencia. El fallo, adoptado por seis votos contra tres, representa un revés central para la agenda económica del mandatario republicano.
La mayoría del tribunal concluyó que la Constitución asigna de manera explícita al Congreso la facultad de imponer tributos, incluidos los aranceles. En la opinión principal, el presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que “los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo”, fijando así un límite claro al alcance de la Casa Blanca.
La decisión se concentró en los llamados aranceles “recíprocos” que Trump aplicó a casi todos los países en abril de 2025, tras declarar una emergencia nacional vinculada a los déficits comerciales. Es la primera cuestión de peso de su programa económico que llega directamente al máximo tribunal, al que el propio Trump contribuyó a moldear con tres nombramientos durante su primer mandato.
Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en disidencia. Kavanaugh argumentó que, a la luz del texto legal y los precedentes históricos, los aranceles eran “claramente legales”, más allá de que pudieran ser o no una política acertada.
La administración había defendido su postura en una ley de 1977 que autoriza al presidente a regular importaciones en situaciones de emergencia. Si bien otros mandatarios utilizaron esa norma para imponer sanciones económicas, Trump fue el primero en invocarla para establecer impuestos generalizados a las importaciones.
El fallo no impide que el Gobierno recurra a otras herramientas legales para aplicar aranceles, aunque esas vías contemplan procedimientos más estrictos y límites más definidos. Funcionarios de la administración anticiparon que buscarán sostener parte del esquema arancelario bajo otras autoridades normativas.
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La controversia generó una amplia reacción judicial y política. Una docena de estados, en su mayoría gobernados por demócratas, y numerosas pequeñas empresas presentaron demandas al sostener que la ley de emergencia no menciona aranceles y que su aplicación no superaba los estándares legales vigentes.
El impacto económico de la política arancelaria fue estimado en cerca de tres billones de dólares en la próxima década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. De acuerdo con datos federales, el Tesoro recaudó más de 133.000 millones de dólares en gravámenes aplicados bajo ese esquema, mientras compañías como Costco iniciaron acciones para reclamar reembolsos tras la anulación judicial.