La medida del presidente recibió ayer el apoyo de la cúpula militar, gobernadores y alcaldes mientras los mercados reaccionaron favorablemente, aunque el Palacio de Gobierno y el Congreso estuvieron fuertemente custodiados.

El presidente peruano, Martín Vizcarra, se afianzó ayer en el poder tras disolver el Congreso, en una medida apoyada por la cúpula militar, gobernadores y alcaldes, y rechazada por el propio Legislativo, que en respuesta juramentó como jefa de Estado interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.

El desconcierto por el choque de poderes que vuelve a sumir a Perú en una gran crisis política no se tradujo de momento en caos, donde la bolsa y el dólar se mantenían estables ayer y todas las actividades se desarrollaban normalmente.

Tras disolver el parlamento, que estaba controlado por la oposición fujimorista, Vizcarra dijo que convocará a elecciones para el 26 de enero de 2020 apegándose al plazo que establece la Constitución.

El clima de tensión se centró en el Palacio de Gobierno y el Congreso, que estaban fuertemente custodiados por la policía, con más restricciones de ingreso que las habituales.

A través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia llamó al diálogo y la calma, así como a "actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático".

La cúpula empresarial acusó a Vizcarra de perpetrar una "violación de la Constitución y al sistema democrático". Los líderes del Congreso también lo acusan de haber dado un "golpe de Estado".

El lunes, tras conocerse la disolución del Congreso, varias manifestaciones coloridas y bulliciosas se celebraron en todo el país en respaldo a Vizcarra. Pero nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya actuación es rechazada por casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos.

¿Dos presidentes?

Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio lo que fue calificado como un "autogolpe" y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Ahora, en cambio, Vizcarra invocó la Constitución para dar este paso.

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) instó ayer al Tribunal Constitucional de Perú a pronunciarse sobre la "la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas", aunque consideró "conveniente" que la polarización política "la resuelva el pueblo en las urnas".

Hasta los nuevos comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo, de acuerdo a la ley.

Los legisladores cesados no pueden postularse a la reelección y, de hecho, ya perdieron sus privilegios: el parlamentario Roberto Vieira no pudo abordar un vuelo a Estados Unidos ayer en el aeropuerto de Lima con su pasaporte oficial.

La organización de empresarios privados, la Confiep, expresó su "enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático que ha perpetrado el Presidente", que "ha sumergido al país en una grave incertidumbre".

Vizcarra lanzó el domingo un ultimátum al Congreso advirtiéndole que lo disolvería si le negaba el lunes un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que buscaba impedir que estuviera dominado por la oposición.

El Congreso hizo caso omiso y tras el decreto de disolución respondió aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia, como un primer paso para destituirlo, y designó en su lugar a Aráoz, quien se había distanciado del mandatario.

"En Perú no hay dilema de dos presidentes, hay un presidente que ejerce de hecho y derecho sus funciones, y ese es Martín Vizcarra", dijo a la AFP el jurista Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y excanciller peruano.

Un Congreso sin pueblo

En las calles se puede percibir la popularidad de Vizcarra. "Nosotros queremos democracia, que se cierre el Congreso se respalda", dijo a la AFP la enfermera Sandra Luyo, de 45 años, en la plaza de armas de Lima, al desconocer a Aráoz como presidente.

Por su parte el abogado Angel Sotomayor, de 60 años, manifestó también su acuerdo con la medida de Vizcarra, al considerar que el Congreso estaba "dominado por un grupo político que su jefa está en la cárcel" por el escándalo de la brasileña Odebrecht, en referencia a Keiko Fujimori, quien se halla en prisión preventiva.

Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía expresaron su lealtad a Vizcarra, quien también recibió el apoyo de numerosos gobernadores regionales y de la Asociación de Alcaldes.

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