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Como internet está descentralizada, dominada por el sector privado y no por los gobiernos, dependería de esos actores acordar el contenido de la lista negra y participar en su implementación.
En una carta abierta, los activistas dijeron que es hora de que la comunidad desarrolle una forma de hacer frente a las crisis humanitarias. La idea que proponen requeriría reunir y publicar una lista de direcciones IP y nombres de dominio sancionados, en forma de hilos de datos a los que podrían suscribirse las firmas de telecomunicaciones y otras operadoras de redes con el objetivo de cortar el acceso a esos sitios.
"No haría falta desarrollar ninguna tecnología nueva y poner el sistema en marcha requeriría un esfuerzo mínimo porque emularía a otros que ya utilizan las operadoras de redes", indicó Bill Woodcock, director ejecutivo de Packet Clearing House, una organización global sin fines de lucro que fomenta el desarrollo de internet.
"La implementación es bastante sencilla porque es exactamente lo mismo que utilizamos para el spam y el malware y el phishing y el DDoS y todo eso", añadió Woodcock, que organizó la iniciativa junto con Bart Groothuis, un holandés miembro del Parlamento Europeo.
Entre los casi 40 firmantes de la propuesta hay investigadores de seguridad, defensores de las libertades civiles en internet, exfuncionarios de la Casa Blanca, The Internet Archive y miembros actuales y pasados de la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados (ICANN, por sus siglas en inglés), la organización sin fines de lucro que gestiona el sistema de nombres y el inventario de direcciones de Internet.
Los activistas se mostraron de acuerdo con los responsables del ICANN en que desconectar a la población de un país de internet es desproporcionado e inapropiado porque reduce su acceso a la misma información que podría hacerles retirar su apoyo a actos de guerra y les deja con acceso sólo a la información que su propio gobierno quiera difundir.
Como internet está descentralizada, dominada por el sector privado y administrada por el ICANN y organismos regionales afiliados -y no por los gobiernos- dependería de esos actores acordar el contenido de la lista negra y participar en su implementación.
Woodcock admitió que el principal obstáculo para el plan era la cuestión de quién elabora la lista de sanciones, que tendría que ser acordada por varias partes. Ese proceso ha funcionado relativamente bien para decidir qué es spam y qué es software malicioso. Pero cuando se trata de bloquear otros sitios, las operadoras han sido reacias a hacerlo a menos que hubiera una solicitud gubernamental.
Woodcock dijo que la carta tenía 87 autores en total que participaron en 10 días de acalorado debate pero no recibieron autorización de sus empresas para firmar el documento.
El ministro ucraniano de Transformación Digital, Mykhailo Fedorov, pidió la semana pasada al ICANN que retirase el dominio ruso .ru de internet y desconectara los servidores en Rusia. El presidente del ICANN, Goeran Marby, rechazó la propuesta y dijo que el organismo debe mantener la neutralidad y que su misión no incluye tomar medidas punitivas como imponer sanciones o restringir el acceso independientemente de las provocaciones.
Los medios estatales rusos han difundido afirmaciones controvertidas sin pruebas, como que Ucrania está desarrollando armas biológicas o químicas. Al mismo tiempo, censuran medios noticiosos que no siguen la línea del Kremlin en una nueva ley que amenaza a los periodistas con penas de hasta 15 años de prisión. Rusia también ha cerrado medios independientes.
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