El presidente de Brasil pidió una acción coordinada entre las fuerzas de seguridad tras una operación policial en Río de Janeiro que dejó alrededor de 120 muertos. Buscan golpear “la columna vertebral del narcotráfico”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a poner el foco en la lucha contra el crimen organizado luego de los enfrentamientos registrados durante la Operación Contención, un despliegue de la Policía de Río de Janeiro que terminó con aproximadamente 120 personas fallecidas.

Desde su cuenta oficial, el mandatario aseguró que “no podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y esparciendo drogas y violencia por las ciudades”. A su vez, remarcó la necesidad de un trabajo conjunto que “llegue a la columna vertebral del narcotráfico” y que no ponga en riesgo a “policías, niños y familias inocentes”.

masacre
La masacre en Río de Janeiro.

La masacre en Río de Janeiro.

Lula informó que se reunió con ministros de su Gobierno y que ordenó al ministro de Justicia y al director general de la Policía Federal viajar a Río de Janeiro para encontrarse con el gobernador del estado. El objetivo, explicó, es reforzar la cooperación entre las distintas fuerzas de seguridad frente al avance de las facciones criminales que operan en las favelas y barrios periféricos.

El presidente recordó además la ofensiva realizada en agosto, considerada “la mayor operación contra el crimen organizado en la historia del país”. Aquella acción apuntó al corazón financiero de una gran pandilla dedicada al tráfico de drogas, adulteración de combustible y lavado de dinero.

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Lula también mencionó la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de Seguridad, que su gobierno envió al Congreso Nacional, y que busca garantizar que las distintas fuerzas policiales puedan actuar de forma conjunta. Con esta medida, el Ejecutivo pretende dar un marco legal a las operaciones coordinadas y evitar los conflictos de competencia entre organismos federales y estaduales.

La violencia en Río de Janeiro continúa siendo uno de los principales desafíos para la administración de Lula da Silva, que ahora apuesta por una política de seguridad más integrada y con respaldo institucional para enfrentar a las organizaciones criminales.

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