Marco Antonio García Claros valoró el gobierno de Jeanine Añez y su labor para restituir el estado de derecho en Bolivia. Un jurista que es firme candidato a la presidencia de la Federación Interamericana de Abogados.

La Federación Interamericana de abogados (IABA/FIA) se apresta a realizar elecciones para elegir una nueva conducción que represente a los profesionales de 17 naciones afiliados a 44 organizaciones. Se trata de un foro independiente y, por su prestigio, de gran influencia en el ámbito jurídico y político del continente.

Por ello, es importante conocer a uno de los más firmes candidatos a presidir la IABA-FIA: Marco Antonio García Claros, un destacado abogado boliviano, cuya trayectoria lo llevó a ser presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, su ciudad natal, y vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia.

Comprometido con la justicia, la independencia de poderes y la libertad, García Claros fue entrevistado por DIARIO POPULAR.

Diario Popular (DP) - Algunos países de América del Sur atraviesan un marco político institucional complicado en el que aquellos funcionarios y exfuncionarios que son investigados por la Justicia, argumentan ser víctimas del "lawfare", un concepto relativamente nuevo y emparentado con el populismo.

¿Existe verdaderamente el "lawfare"? ¿Es un recurso del populismo o de regímenes autoritarios para justificar la investigación de sus crímenes?

García Claros - Para responder, voy a partir de la realidad boliviana con la cual estoy más familiarizado, y que se puede muy bien extrapolar a otras realidades.

Es evidente que algunos países en América del Sur, con mayor o menor incidencia, atraviesan una crisis política y social, agravada por la pandemia, que significó un doloroso aprendizaje para el desarrollo virtual de sus actividades, educativas, administrativas y judiciales, por ejemplo, o exacerbada por factores externos, que debemos identificar y denunciar.

Bolivia atravesó una brevísima primavera durante el gobierno transitorio de la señora Jeanine Añez, periodo que lamentablemente fue desaprovechado en todo sentido para recuperar plenamente el estado de derecho y los principios democráticos gravemente afectados por casi 14 años del gobierno autoritario de Evo Morales y Álvaro García Linera que concluyó con su renuncia y posterior abandono de funciones, sin esperar que la Asamblea legislativa considere y acepte dicha renuncia, dejando un país al borde de la guerra civil.

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Jeanine Añez, expresidenta de Bolivia

Jeanine Añez, expresidenta de Bolivia

La utilización de los mecanismos de la justicia para perseguir a la oposición, lo que podríamos calificar como “judicialización de la política” no ha sido ajena, ni en el largo periodo de la dictadura de Evo Morales, ni en el corto periodo de Jeanine Añez.

Desde la asunción del gobierno del señor Arce Catacora se ha exacerbado la persecución política a la oposición, al mejor estilo de Nicaragua, siendo el juzgamiento de la señora Jeanine Añez el ejemplo más relevante.

Si bien el término de “lawfare” es relativamente nuevo, sin embargo esta práctica es antigua. El oponente político es el enemigo y se trata de aniquilarlo utilizando a jueces y fiscales serviles y genuflexos al poder.

Por supuesto que los gobiernos populistas son los que acuden a estos mecanismos, con grave deterioro de uno de los principios que sustentan el estado de derecho que es el de la independencia del órgano judicial. En gobiernos totalitarios, no existen derechos ni garantías constitucionales, salvo en el papel.

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Luis Arce y Evo Morales, presidente y expresidente de Bolivia

Luis Arce y Evo Morales, presidente y expresidente de Bolivia

DP - Teniendo en cuenta toda América, ¿Qué grado de independencia de poderes existe? ¿el Poder Judicial puede actuar libremente en todos los países de la región?

García Claros - Hay que aceptar que, en América, en mayor o menor grado, existe una notable afectación del principio de separación e independencia de poderes, que se puede apreciar con mayor nitidez en la afectación de la independencia del órgano judicial y del órgano electoral, reconociendo también que entre los órganos legislativo y ejecutivo debe existir permanente interacción para garantizar la gobernabilidad.

De esa manera, en la experiencia boliviana, los órganos judicial y electoral han sido cooptados por el partido oficialista.

Pensando en que se estaba incorporando constitucionalmente una solución mágica a la recurrente crisis judicial y al llamado “cuoteo”, es decir la distribución de cuotas o cargos entre los partidos con mayor presencia parlamentaria, pues los magistrados serían elegidos en sufragio universal, constatamos el rotundo fracaso de ese experimento, pues en la etapa inicial de selección a cargo de la Asamblea legislativa, ésta se prestó a manipulación por la mayoría oficialista, determinando que los candidatos sean afines al partido en función de gobierno.

Ahora asistimos a la debacle del órgano judicial, a un estado terminal que únicamente podría ser solucionado si se reforma la Constitución, por lo menos en lo relacionado con la elección de magistrados. Ese es un problema, el otro tiene que ver con la formación profesional de los abogados en las universidades, donde se origina la falta de idoneidad de los abogados ya en ejercicio profesional como jueces o fiscales.

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DP - En ese contexto, ¿Cuál es el rol de los abogados? ¿Cómo se pueden defender frente a las agresiones del poder político corrupto?

García Claros - Los abogados en ejercicio profesional deben ser independientes. Ese es un principio fundamental. En lo gremial, es decir la abogacía organizada en asociaciones locales, nacionales o internacionales, una de las tares ineludibles es luchar por preservar la independencia del órgano judicial y la actuación imparcial de sus operadores. Esa es una tarea permanente e insoslayable de las entidades gremiales. Esa es una tarea de la Federación Interamericana de Abogados que se encuentra entre sus principios fundacionales.

DP - Por último, en su criterio, ¿Cuáles son los países de la región que pueden considerarse como ejemplos de Estado de Derecho y cuáles, por el contrario, los países donde no rigen plenamente las garantías y derechos constitucionales?

Uno de los países que se constituye en ejemplo de estado de derecho es Brasil, por la fortaleza de su organización gremial, que tiene reconocimiento constitucional, y los mecanismos exigentes para el ejercicio profesional. En el extremo opuesto tenemos a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

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