La iniciativa impulsada por el Ejecutivo genera tensiones con bloques dialoguistas. Las diferencias pasan por la venta de tierras a extranjeros, la regulación de barrios populares y la modificación del régimen de desalojos.
La Libertad Avanza (LLA) encara una semana clave en el Congreso con el objetivo de reunir apoyos para la denominada ley de Propiedad Privada, un proyecto que impulsa cambios profundos en la normativa sobre tierras, desalojos y regularización de barrios populares. Sin los votos asegurados, el Gobierno busca acercar posiciones con bloques dialoguistas como la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.
La iniciativa, promovida por la administración de Javier Milei y firmada junto a su gabinete -entre ellos el jefe de Gabinete Manuel Adorni-, enfrenta resistencias en distintos sectores de la oposición que reclaman modificaciones sustanciales antes de avanzar con el dictamen.
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Uno de los puntos más controvertidos es la reforma de la ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que establece límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. El proyecto oficial propone eliminar esas restricciones cuantitativas -actualmente fijadas en hasta 1.000 hectáreas- y concentrar los controles únicamente en operaciones vinculadas a Estados extranjeros.
Resguardar la soberanía
Desde el Gobierno argumentan que el nuevo enfoque permitirá resguardar la soberanía y la seguridad nacional sin obstaculizar inversiones. Sin embargo, legisladores dialoguistas advierten sobre los riesgos de habilitar compras sin topes claros.
En esa línea, la senadora chubutense Edith Terenzi expresó su preocupación por la posible concentración de tierras en manos de capitales extranjeros, especialmente en provincias con recursos estratégicos.
Otro eje de conflicto es la modificación de la ley 27.453 de integración socio-urbana de barrios populares. El proyecto elimina artículos clave vinculados a la expropiación de tierras y reduce el rol del Estado nacional en los procesos de regularización dominial, que pasarían a depender principalmente de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
Catarata de expulsiones
Sectores de la oposición sostienen que estos cambios podrían dificultar la continuidad de políticas de urbanización y abrir la puerta a una mayor conflictividad social. En particular, cuestionan la eliminación de la suspensión de desalojos por diez años, lo que -según advierten- podría derivar en una “catarata” de expulsiones en asentamientos informales.
En paralelo, la iniciativa introduce un régimen de desalojos más ágil, con plazos significativamente reducidos. El esquema prevé intimaciones de pago de apenas tres días y procesos judiciales abreviados que permitirían concretar desalojos en un lapso menor, con requisitos simplificados para los propietarios.
El proyecto también incluye modificaciones a la ley de Manejo del Fuego, impulsada en 2020 por el diputado Máximo Kirchner. En este caso, el oficialismo propone eliminar restricciones que impedían la venta o cambio de uso de tierras afectadas por incendios durante décadas. Según el Ejecutivo, esas limitaciones resultan “irrazonables” y no han demostrado eficacia en la protección ambiental.
Frente a este panorama, el oficialismo reconoce que aún no cuenta con los votos necesarios y que deberá continuar negociando para introducir cambios que permitan destrabar el debate. “Hay varios bloques que quieren modificaciones”, admiten desde el entorno parlamentario.
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