En un duro documento, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas cuestionaron con severidad al gobierno y afirmaron que no permitirán retrocesos en las condenas a los asesinos de la dictadura.

Organizaciones políticas y de derechos humanos encabezaron ayer en Plaza de Mayo el acto central por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia a 42 años del último golpe de Estado y advirtieron “al Gobierno” que “no” permitirán “ni un genocida suelto”.

“Le reiteramos al Gobierno que no permitiremos ni un retroceso en memoria verdad y justicia”, expresaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la agrupación HIJOS, entre otras agrupaciones de derechos humanos que confeccionaron el documento que se leyó en Plaza de Mayo.

El acto central tuvo una concurrencia masiva de manifestantes independientes y militantes de diversas agrupaciones políticas que adhirieron al documento en el que se arengó por la continuidad de la identificación de nietos desaparecidos y se expresaron varias críticas al Gobierno, al que responsabilizaron nuevamente por el caso de Santiago Maldonado.

Las organizaciones también denunciaron la falta de constitución de tribunales para juicios de lesa humanidad y reclamaron “celeridad en estos procesos que fueron un ejemplo en el mundo”, al tiempo que rechazaron el “negacionismo” y remarcaron que fueron 30 mil los desaparecidos por el terrorismo de Estado.

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Uno de los puntos centrales del documento fue el beneficio de la prisión domiciliaria que se otorgó a algunos condenados por delitos de lesa humanidad y que está en evaluación para otros, como el ex capitán de fragata Alfredo Astiz, condenado por diversos crímenes de lesa humanidad. Al respecto, las entidades que encabezaron el acto señalaron que “esos que hoy caminan por las calles o están en sus casas con el beneficio de la domiciliaria, 42 años atrás encabezaron una dictadura genocida que masacró a una generación” que fue “culpable de un plan sistemático de exterminio”.

“Néstor Kirchner bajó los cuadros de Jorge Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar. Esos genocidas murieron juzgados y condenados a prisión perpetua y en una cárcel común gracias a la lucha del pueblo. Por eso le reiteramos al Gobierno que no permitiremos ni un retroceso en memoria verdad y justicia. Ni un genocida suelto”, expresaron en un tramo del documento que fue leído por la titular de Abuelas, Estela de Carlotto.

La proclama reiteró que bajo el gobierno de facto de la Junta Militar funcionaron “más de 800 centros de detención” y que todo estuvo “al servicio de una plan económico de exclusión para las mayorías” que contrajo “una deuda externa que empobreció a generaciones”.

También remarcaron que la dictadura fue “cívico militar clerical” porque contó con la “complicidad” de “la cúpula de Iglesia Católica”, los medios de comunicación “como Clarín, La Nación, La Nueva Provincia de los Massot” y organizaciones empresarias “como la Sociedad Rural”.

En otro tramo del documento, se destacó que en estos 42 años Abuelas de Plaza de Mayo logró restituir la identidad de 127 nietos y nietas desaparecidos “pero aún son cientos y cientos los hombres y mujeres que viven con su identidad falseada”.

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“El siniestro plan de robo y sustitución de identidad aún nos impide hallarlos. Necesitamos la ayuda de toda la sociedad para encontrarlos. Es deber de todos como ciudadanos de este suelo saber qué paso con ellos y ellas. Hasta que el último no aparezca, la identidad de todos está en dudas”, señalaron.

En este sentido, el documento agregó: “Hoy buscamos hombres y mujeres de alrededor de 40 años, muchos de ellos madres y padres, por ello la identidad de sus hijos también está afectada”.

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, leyó una parte del documento en el que señalaron que “detrás del negacionismo está el intento de olvido y detrás del intento de olvido está el intento de desmovilizarnos”.

“Libertad a los presos y presas políticos. Basta de ajuste y represión al pueblo”, agregó la activista por los derechos humanos.

También se recordó la desaparición el año pasado del joven Santiago Maldonado (que fue hallado muerto meses después en el río Chubut) en el marco de una protesta de una comunidad mapuche de Chubut y se afirmó que “fue el Estado, y el Gobierno es responsable”.

En este sentido, reiteraron el pedido de que “de una vez por todas sea apartada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”.

Además, el documento hizo mención al caso del policía Luis Chocobar, procesado por matar por la espalda a un delincuente que apuñaló a un turista.

En alusión al respaldo que le dio el presidente Mauricio Macri al policía, las organizaciones indicaron que “un presidente que felicita a un política que ejerce la pena de muerte, es inadmisible ese mensaje en democracia”.

De la movilización participaron dirigentes políticos del kirchnerismo como los diputados del FpV Agustín Rossi, Fernando Espinoza y Máximo Kirchner.

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