Opinión |
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Javier Milei busca, desde que llegó a La Rosada, una Argentina alineada con la apertura comercial y dispuesta a jugar fuerte en el escenario global.
El Senado convirtió en ley el acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea y le dio al Gobierno una de las fotos políticas que venía buscando desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada: la de una Argentina alineada con la apertura comercial y dispuesta a jugar fuerte en el escenario global. Apenas unas horas después de la votación, el presidente promulgó la ley y dejó listo el andamiaje jurídico para avanzar hacia la aplicación del tratado.
La votación fue contundente. Con 69 votos afirmativos y apenas 3 negativos, —además de 3 abstenciones— la Cámara alta ratificó el entendimiento sellado entre ambos bloques tras más de dos décadas de negociaciones. Los únicos votos en contra provinieron del kirchnerismo. Entre ellos, la senadora Juliana Di Tullio sostuvo en el recinto que el acuerdo “consolida una relación asimétrica” y advirtió que “no hay garantías reales para proteger a la industria nacional y el empleo argentino”. Aun así, el resto del arco político acompañó, en una señal de respaldo transversal a una iniciativa que trasciende gobiernos.
La sesión tuvo, sin embargo, su propia trastienda. El oficialismo intentó acelerar el debate para que la Argentina fuera el primer país del Mercosur en ratificar el tratado y así ganarle a Uruguay en la carrera simbólica por la primacía regional. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, fundamentó la urgencia política del paso: “La Argentina no puede perder un minuto más en integrarse al mundo”, afirmó, y remarcó que el acuerdo “abre oportunidades concretas para nuestras exportaciones”. No alcanzó para la foto regional, pero sí para cerrar el trámite interno con rapidez.
Desde el punto de vista económico, el Gobierno enfatiza que el acuerdo crea una de las mayores áreas de libre comercio del planeta, con un mercado de más de 400 millones de consumidores y un PBI combinado superior a los 20 billones de dólares. Para la Argentina, implica la eliminación o reducción progresiva de aranceles para cerca del 90% del comercio de bienes, mejores cuotas para carne vacuna, aviar y productos agroindustriales, y reglas más previsibles en servicios, compras públicas y propiedad intelectual.
El impacto, sin embargo, no es leído de manera uniforme por los distintos actores económicos. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, valoró el acuerdo y destacó que “debe leerse en una clave más amplia que la estrictamente comercial”, al definirlo como una oportunidad estratégica para fortalecer la relación de la Argentina con el mundo productivo, atraer inversiones y expandir la competitividad exterior en condiciones previsibles. Rappallini subrayó el peso económico de la Unión Europea —un bloque con más de 700 millones de habitantes que representa alrededor del 20% del PBI mundial y altos estándares productivos— y la posibilidad de incorporar tecnología y elevar estándares en la industria argentina.
Además, en un comunicado conjunto del Grupo de los 6 —que nuclear a entidades empresarias como la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, bancos y la propia UIA— las principales cámaras empresarias señalaron que “el intercambio de bienes y servicios entre el Mercosur y Europa, en un marco justo y competitivo, será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes”, y que generará “más empleo de calidad”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) no emitió un comunicado, pero en instancias previas había manifestado una postura crítica ante el avance del acuerdo. En comunicados difundidos con anterioridad, la central obrera había dejado bien en claro que rechaza este acuerdo y alerta sobre las consecuencias que su firma provocaría para los trabajadores argentinos”, al considerar que los tratados de libre comercio pueden afectar puestos de trabajo y sectores productivos locales. “Esto atenta contra millones de puestos de trabajo en las actividades alcanzadas por regulaciones que protegen el empleo”, señalaron.
En el recinto, senadores de distintos bloques defendieron el tratado como una herramienta para “dar previsibilidad” y “multiplicar mercados”. Desde la oposición dialoguista remarcaron que el acuerdo puede mejorar la competitividad exportadora, pero reclamaron políticas complementarias para amortiguar el impacto sobre pymes y economías regionales.
El kirchnerismo mantuvo sus reparos históricos. Di Tullio insistió en que el texto “beneficia a los grandes exportadores, pero no garantiza desarrollo industrial”, y planteó que la apertura debe ir acompañada de un esquema de protección inteligente. Otros legisladores del espacio alertaron sobre la posibilidad de volver a una matriz productiva más primaria.
Del lado oficialista, la réplica apuntó a la necesidad de romper con la lógica del aislamiento. “El mundo avanza y la Argentina no puede quedarse afuera”, planteó Bullrich, quien sostuvo que el tratado “es una señal de confianza para los mercados y para los socios comerciales”. En la Casa Rosada insisten en que la clave será combinar apertura con reformas estructurales que mejoren la competitividad sistémica.
El paso dado por el Senado no agota el proceso. Del lado europeo, el tratado todavía debe atravesar instancias de aprobación en el Parlamento Europeo y en los Estados miembro. Pero la ratificación argentina y la promulgación presidencial fortalecen la posición del bloque sudamericano y muestran voluntad política de avanzar.
Para Milei, además, el resultado tiene valor interno. En un contexto económico difícil, la aprobación amplia en el Senado le permite exhibir capacidad de construcción de mayorías en temas estratégicos y enviar una señal a los mercados sobre la dirección de la política exterior y comercial.
Con la ley ya promulgada, el Gobierno apuesta a que el acuerdo no quede en un símbolo, sino que se traduzca en más exportaciones, más inversiones y mayor integración productiva. El desafío, como coinciden oficialismo, empresarios y sindicatos —aunque desde perspectivas distintas— será que la apertura no profundice desequilibrios, sino que se convierta en una plataforma de desarrollo sostenido.