Por unanimidad, la Justicia condenó a 25 años de prisión efectiva al sacerdote Juan Diego Escobar Gaviria, siendo ésta la pena más grave aplicada hasta ahora para un miembro de la Iglesia en Argentina.

La Justicia de Entre Ríos condenó ayer por unanimidad a 25 años de prisión efectiva al sacerdote nacido en Colombia Juan Diego Escobar Gaviria, a quien encontró culpable por el abuso sexual de cuatro monaguillos sometidos por el religioso cuando tenían entre 10 y 17 años, en un fallo sin precedentes que aplicó la pena más alta hasta ahora para un miembro de la Iglesia en Argentina.

La condena, diez años mayor a la que recibió el cura Julio César Grassi, fue leída por los integrantes del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, quienes resolvieron condenar a Escobar Gaviria como ‘autor material y penalmente responsable de promoción de corrupción de menores reiterada’, delitos agravados por la ‘condición de guardador’, que ‘a su vez concurren con abuso sexual simple agravado por ser cometido por un ministro de culto’.

La sentencia es por el abuso de cuatro menores de edad, quienes sin embargo aportaron indicios de que las víctimas pudieron ser más.

El tribunal, integrado por los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo, dio a conocer el fallo al concluir el primer juicio que se sustancia contra un representante del clero en Entre Ríos, donde también son juzgados por el mismo delito otros dos curas: Justo José Ilarraz y Marcelino Moya.

Los jueces aceptaron la pena 25 años pedida tanto por los fiscales Federico Uriburu y Dardo Tórtul, como por el abogado de la querella, Mariano Navarro.

‘Yo pensé que era el único y lamentablemente no era así’, dijo con lágrimas en los ojos Alexis, uno de los cuatro denunciantes, quien tras escuchar la sentencia se abrazó con otra de las víctimas. ‘Es algo contundente lo que hacen ellos (por los curas abusadores), te van trabajando la cabeza hasta que caés, somos cinco los chicos que caímos’, afirmó Alexis, agregando una supuesta quinta víctima de Escobar Gaviria.

Con la voz quebrada, su mamá aseguró que ‘en estos casos no se miente, son hechos aberrantes pero hay justicia; yo le digo a los chicos que les pase lo mismo que se animen a denunciar, a contar los que les pasó porque siempre hay gente que los va a escuchar’.

Quien no estuvo allí para escuchar la sentencia fue el sacerdote, que decidió permanecer en la Unidad Penal Número 5, en Victoria, donde seguirá preso hasta que la condena quede firme.

El Tribunal consideró que con semejante sentencia, el sacerdote podría fugarse y por esa razón dispuso que continúe detenido allí, donde está preso desde abril de este año. Hasta ahora, el antecedente más cercano es el del sacerdote Héctor Pared, condenado en marzo de 2003 a 24 años de prisión por el abuso sexual agravado y corrupción de menores de un hogar de Florencio Varela, en el conurbano bonaerense.

Escobar Gaviria, un colombiano de 59 años conocido también como cura ‘sanador’, enfrentó la denuncia de cuatro jóvenes que al momento de los abusos tenían entre 10 y 17 años y eran monaguillos de la Parroquia San Lucas Evangelista de Lucas González, localidad cercana a Nogoyá, en Entre Ríos, a cargo del sacerdote, situación que para la justicia significó un agravante.

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En la lectura del veredicto, el tribunal dijo que ‘Escobar Gaviria actuó con intención y voluntad en todos los casos. Hizo lo que quiso’, y con esos argumentos desechó los de la defensa del ex cura, representada por Milton Urrutia, Juan Pablo Temón y María Alejandra Pérez, quienes habían reclamado su absolución.

La sentencia detalla los sometimientos, entre pedidos de sexo oral, besos en la boca, violaciones y masturbaciones que sufrieron durante años las víctimas del cura.

Prisión domiciliaria para una monja

La monja Kosaka Kumiko podrá acceder a la prisión domiciliaria y así esperar el juicio por los abusos sexuales a menores hipoacúsicos en la sede mendocina del instituto religioso Antonio Próvolo. Por el momento la monja japonesa de 42 años, permanece en el penal de mujeres en Agua de las Avispas, y allí estará un tiempo más hasta que se cumplan los requisitos necesarios para el beneficio que le otorgaron.

A esta situación llegó la religiosa luego de las oposiciones que había planteando su abogado desde que quedó detenida en mayo pasado. El abogado Carlos Varela Álvarez presentó nulidades y cuestionó la prisión preventiva que le dictaron a su cliente, entendiendo que le correspondía estar en libertad.

La monja está imputada por participación primaria en los abusos sexuales y corrupción de menores. El expediente recayó en la Primera Cámara del Crimen, para hacer las veces de cámara de apelación.

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