Pertenecen a las comisarías 1ª, 3ª y 19ª. Les imputan la “liberación de zona” para que falsos operarios sustrajeran cables telefónicos de cobre subterráneos en el microcentro y Recoleta.

Una docena de policías están acusados de integrar una banda que robaba cables de cobre telefónicos subterráneos en el microcentro porteño y en la Recoleta. En el marco de la causa -en la que los efectivos fueron citados a indagatoria junto a otras ocho personas- se allanaron tres comisarías de la Policía de la Ciudad porque, de acuerdo a la investigación, en sus jurisdicciones les “liberaban la zona” a los delincuentes.

El expediente está en manos de la jueza de instrucción 38, Wilma López, tras una investigación iniciada por el fiscal Julio Argentino Roca, quien al haber personal policial implicado, puso a trabajar en la pesquisa a la División Operaciones Judiciales de la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina (PFA).

Las tres comisarías de la Policía de la Ciudad allanadas en dos etapas fueron, en principio, la 1ª ( ubicada en Lavalle, entre Reconquista y San Martín)y la 3ª (Tucumán entre Paraná y Montevideo). Luego fue el turno de la 19ª, que tiene jurisdicción en un sector de Recoleta.

En uno de sus requerimientos, el fiscal Roca describió a la banda como una “organización criminal” dedicada “a la comisión de delitos indeterminados”, entre los cuales destaca “la sustracción de cables” de cobre y fibra óptica.

De acuerdo a la investigación del fiscal, la banda se hacía pasar por una cuadrilla de falsos operarios de empresas de servicios públicos que se desplegaban con vehículos, vallados e indumentaria con logos de la concesionaria AySA en el sitio donde descendían a robar los cables para así “disfrazar la sustracción en una supuesta reparación efectuada en la vía pública”.

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Una vez obtenidos, la organización los trasladaba para su pesaje a la localidad bonaerense de Caseros y luego a un galpón de Ciudad Jardín, donde los pelaban y picaban para dejar al descubierto el cobre que luego fundían y vendían.

El fiscal Roca describe en el expediente que este accionar delictivo contaba “con el auxilio de personal policial de las comisarías correspondientes a las zonas donde se efectúan tales sustracciones, los que a cambio de dinero ‘liberarían la zona de control’ y en consecuencia, les brindarían ‘protección’ para llevar a cabo el desapoderamiento”.

En la causa hay varias escuchas telefónicas que prueban la complicidad policial, como cuando el 1º de junio pasado, uno de los delincuentes convoca a sus cómplices para ir a “jugar a la 1-9”, en referencia a la comisaría 19 de Recoleta, donde robaron cables por las avenidas Las Heras, Pueyrredón, Córdoba y Santa Fe.

En otra de las escuchas, del 3 de junio, uno de los policías que conformaba la banda llamó al jefe de servicio de la comisaría 19 y le dijo: “Voy a estar acá por tu zona, voy a revisar qué podemos hacer. Cuando voy a levantar te aviso”, mientras que el interlocutor contestó: “Sí, sí, dale tranquilo, yo estoy acá al pedo, estoy escuchando. Mandame un mensajito con las calles”.

Todo empezó el 10 de diciembre de 2016 en la esquina de Suipacha y Tucumán, a metros del Obelisco y cuatro cuadras del Palacio de Tribunales, donde cuatro delincuentes vestidos como una falsa cuadrilla de AySA se introdujeron en una cámara subterránea de la empresa Telefónica de Argentina y extrajeron 200 metros de cables de cobre.

La maniobra fue detectada por personal de seguridad privada de la empresa de telefonía que, al arribar al lugar, retuvo a uno de los presuntos delincuentes, de nacionalidad uruguaya y quien terminó siendo el único detenido. También retuvieron una camioneta Renault Kangoo con herramientas y un carrete con 200 metros de cable enrollado, por lo que se llamó al 911.

Otros tres cómplices salieron corriendo perseguidos por el personal de seguridad y, de acuerdo a lo que se pudo reconstruir con videos y la declaración de esos empleados, dos de ellos fueron detenidos en la esquina de Lavalle y Maipú por efectivos de las comisarías 1ª y 3ª, pero más tarde fueron dejados en libertad sin ser individualizados, lo que para Roca “da cuenta de la ‘liberación de zona’ antes aludida”.

Los cruces telefónicos analizados en la causa demostraron para los investigadores que entre los “robacables” y algunos policías existieron comunicaciones antes, durante y después de ese robo.

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