Elevaron a juicio el caso de la “salidera” a Carolina Piparo

Un fiscal penal de La Plata elevó a juicio el caso de la “salidera”, en la que fue baleada la joven embarazada Carolina Piparo y en su escrito, también criticó al poder político, al calificar de “estructura paquidérmica” al Congreso de la Nación, al advertir que demora la puesta en marcha de las iniciativas tendientes a brindar de mayores medidas de seguridad a la actividad bancaria. Además, de solicitar que sean sometidos al proceso oral y público, los siete acusados por el robo del dinero, pidió que se les aplique la figura penal de tentativa de homicidio, tanto en el caso de la mujer, como el del bebé que llevaba en su vientre, quien nació y murió una semana después del ataque. Cabe recordar que los imputados son Luciano López , Carlos Moreno, Carlos Burgos, -sindicado como autor material del hecho-, Juan Manuel Calvimonte, Miguel Silva, Augusto Claramonte y Carlos Jordán Juárez. En principio, afrontan los cargos de “asociación ilícita, robo doblemente calificado en concurso real con homicidio triplemente calificado, por haber sido perpetrado con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, y críminis causa en grado de tentativa, en concurso ideal con homicidio triplemente calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y críminis causa para asegurar el resultado del delito agravado”.
Por cesárea
Para el fiscal Marcelo Romero, la muerte de Isidro Buzali, el bebé que gestaba Piparo y que nació por cesárea tras el ataque, fue un homicidio ya que el niño “tuvo vida extrauterina, actividad cardíaca propia, respiratoria y cerebral”, y su fallecimiento fue “producto precisamente de las gravísimas lesiones originadas por la agresión inferida” (a su madre). Al mismo tiempo, pidió el sobreseimiento de Stella Maris Grizia y Jenifer López Leguina, concubinas de dos de los detenidos; y del cajero de la sucursal de Santander Río, Gerardo Pereda. En la requisitoria de elevación a juicio, el representante del Ministerio Público calificó al caso Piparo como “una profecía autocumplida frente a las innumerables salideras de las que los Poderes del Estado no tomaron debida nota.