El gobierno bonaerense sancionará con una multa de 25.000 pesos, correspondiente al valor de cada procedimiento policial ante cada caso, a padres y tutores de los jóvenes que realicen la intimidación.

En el último mes la provincia de Buenos Aires gastó unos 60 millones de pesos por los operativos que se hicieron debido a las 2.400 falsas amenazas de bomba que hubo en las escuelas, por lo que las autoridades reclaman que los padres de los alumnos que hacen los llamados intimidatorios son los que se tienen que hacer responsables de esos costos.

De esa manera el Gobierno provincial busca sancionar con una multa de unos 25 mil pesos, que es el equivalente a lo que se gasta en cada operativo que se activa ante una amenaza de bomba, a los padres o tutores de los menores que realicen la intimidación a la institución.

“Una amenaza de bomba no es una broma, es un delito”, dijo el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, quien indicó que: “Se trata de un acto de intimidación pública penado por la ley”.

En declaraciones a la prensa, el ministro explicó que “Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona”.

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Trascendió que entre el 1º de setiembre y el último 4 de octubre hubo más de 2.400 casos en la Provincia y, sólo el viernes pasado fueron denunciados unos 200 hechos de este tipo.

“Los costos que generan los operativos deberán ser cubiertos por las demandas”, explicaron voceros del gobierno provincial en diferentes medios con el objetivo que se trate de concientizar tanto a los padres como a los estudiantes para que se terminen las falsas amenazas.

En las últimas horas, se conoció que una mujer de 40 años quedó demorada en su casa del partido bonaerense de Ituzaingó, ya que se sospecha que sus dos hijos, menores de edad realizaron el pasado 15 de septiembre una amenaza de bomba a la Escuela N 19 de Morón (Ver aparte).

En tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió ayer al tema de las amenazas en las escuelas y dijo que se trata de “algo muy serio”, y que si alguien profiere una amenaza de bomba en un colegio, “va a tener consecuencias penales, y en algunas provincias las consecuencias las tendrán los padres”.

“Tomamos una decisión de política criminal: si una persona que amenaza al Presidente o a una escuela, debe haber consecuencias, porque corta clases, le produce gastos al Estado y genera una sensación de incertidumbre y miedo en la población”, señaló Bullrich en declaraciones a Radio Mitre.

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