Con episodios de agresión física hasta privación de alimentos, aseguran que "con menos hacinamiento obviamente van a descender" aunque aclaran que la violencia también "es parte de la cultura" carcelaria

Las torturas y los maltratos registrados en las cárceles federales, que en 2019 derivaron en casi 450 denuncias, están directamente relacionados con el nivel de hacinamiento en dichas unidades, cuya capacidad está superada en más de 2.000 presos, aseguró el procurador penitenciario adjunto de la Nación (PPN), Ariel Cejas Meliare.

Según indicó el funcionario, dicha situación es consecuencia de la implementación de normativas como la ley de Flagrancia, que desde su sanción en septiembre de 2016 provocó un aumento del 805 por ciento en las condenas de hasta seis meses y un 182 por ciento en aquellas penas de entre siete meses y doce años.

"Hoy por hoy uno de los problemas mayores que tiene la Argentina es la sobrepoblación carcelaria, hace un año y medio que se declaró la emergencia en el sistema federal, no se puede desconocer esta realidad", destacó.

En ese sentido, el procurador adjunto señaló como otro de los motivos la modificación de la ley de Ejecución de la Pena, que "estableció que ningún delito federal tiene libertad ni egresos anticipados, desde los delitos más graves como un secuestro seguido de muerte hasta un delito menor, como la tenencia con fines de comercialización".

"Hay jueces que contribuyen irresponsablemente a la situación y a sus consecuencias", consideró Cejas Meliare, las cuales no son "solamente la tortura a los presos sino la tortura indirecta a otros detenidos", porque ese hacinamiento "lo que trae es violencia, falta de comida, higiene, salud y trabajo".

Estadística

El último estado de situación fue publicado por el organismo en un informe elaborado sobre torturas y maltratos registrados entre 2017 y 2018, que indica que, en dicho período, una de cada tres personas presas sufrió una agresión física durante su detención, y que la mitad de la población carcelaria fue privada de alimentos.

El estudio también muestra que la totalidad de los presos y las presas fue requisado teniendo que desnudarse por completo frente a los agentes penitenciarios, y que a seis de cada diez les robaron o dañaron alguna de sus pertenencias.

En tanto, consideró que existe "una responsabilidad de los tres poderes" sobre el tema, en principio porque "lo único que se hace es legislar para ingresar y de ninguna manera para poner un freno o una racionalidad para que exista cierto egreso".

"La responsabilidad judicial está a la vista, y en menor término la del Ejecutivo, porque hay que mostrar una voluntad política de querer modificar esas cuestiones, enviar proyectos al Parlamento o realizar modificaciones reglamentarias", añadió.

Como respuesta, consideró que "no hay que construir más cárceles" sino que falta "trabajar sobre lo que tenemos", ya que hay más de 1.500 personas en condición de recibir el beneficio de la libertad condicional o la libertad asistida "que deberían estar en la calle", sumadas a las que podrían recibir "arrestos domiciliarios, las madres con hijos que todavía están en la cárcel y los extranjeros que no fueron expulsados".

"Los maltratos y torturas tienen mucho que ver con esto, con menos hacinamiento obviamente van a descender" las cifras, dijo el procurador adjunto, aunque aclaró que la violencia también "es parte de la cultura" carcelaria, y que "si no hay políticas tendientes a trabajar estos temas es muy difícil que se revierta".

En esa línea, cree que es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, el decreto creado durante la última dictadura cívico-militar que dispone "el estado de fuerza de seguridad para el Servicio Penitenciario".

"Por supuesto que para el perímetro de seguridad o para conflictos internos tiene que haber una fuerza entrenada, pero debería tender a ser una fuerza civil, la dirección de la cárcel, los médicos, los maestros y talleristas deberían ser civiles", remarcó.

"Sin ir más lejos, Asuntos Internos opera bajo la órbita del Ministerio de Seguridad pero tendría que estar bajo la del Ministerio de Justicia, para que se puedan dilucidar responsabilidades en esos actos de tortura y realizar sumarios administrativos serios", añadió.

Por último, Cejas Meliare sostuvo que "si bien Argentina tiene una cultura de creación y reconocimiento de organismos de derechos humanos, como en todas las sociedades es muy difícil que esto se transforme en una preocupación, no masiva pero sí mayoritaria".

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