A cuatro años del "homicidio calificado" del joven, ocurrido en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, su madre denuncia que la causa está paralizada y habla de una trama para encubrir a los dos imputados.

El asesinato de un joven, al que la “versión oficial” intentó atribuir a un suicidio ocurrido en junio de 2014 en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, que involucra a dos efectivos de Gendarmería Nacional, continúa sin resolución, ya que el expediente se encuentra virtualmente paralizado. La madre de la víctima denuncia que se ha montado una trama de encubrimiento, que permitió que los acusados nunca hayan sido detenidos y permanezcan en libertad a pesar de estar imputados por “homicidio calificado” y también que, entre las muchas irregularidades de la causa, no se ha resuelto la elevación a juicio, en una situación que apuntaría a “garantizar la impunidad”.

Andrés Carlos García Campoy, de entonces 20 años, fue interceptado en un control que un grupo de gendarmes desarrollaba en horas de la tarde del 13 de junio de 2014 a la altura del kilómetro 1060 de la ruta nacional 7, cuando conducía su Peugeot 504. Con los papeles en regla del auto y sin antecedentes penales, el muchacho, quien estudiaba Seguridad e Higiene Industrial de la Universidad Aconcagua, no debería haber tenido inconvenientes para continuar su camino, pero como transportaba una vieja carabina de colección (perteneciente a su bisabuelo), a la que pensaba vender, los uniformados habrían comenzado a interrogarlo, para seguidamente bajarlo del vehículo con métodos violentos, antes del fatal desenlace.

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Si bien se pretendió argumentar que el joven se había quitado la vida, disparándose con el arma que llevaba, las posteriores pericias derribaron los dichos de los gendarmes y otras pruebas derivaron a que se trató de un asesinato, del que quedaron acusados los gendarmes Maximiliano Alfonso Cruz (hoy de 27 años ) y Corazón de Jesús Velázquez (26). “Andy” García Campoy recibió un balazo en la nuca. Al estar implicados dos efectivos de una fuerza de seguridad nacional se dio intervención a la Justicia Federal de Mendoza y a pesar de la gravedad del delito “homicidio calificado”, el magistrado Walter Bentos nunca ordenó la detención y la sospecha es que pueden haber sido trasladados a otras dependencias, inclusive fuera de la provincia, continuando en actividad.

“Han pasado más de cuatro años y todo permanece en la más absoluta impunidad. Ya quedó claro que mi hijo no se suicidó, no tenía ningún motivo, era una chico lleno de planes, estudiaba, trabajaba, había planificado actividades con sus amigos e inclusive pensaba en venir a visitarme, ya que yo vivo en la ciudad de La Punta en San Luis y él estaba en Mendoza. También todas las constancias de la causa apuntan a la culpabilidad de Cruz y Velázquez, pero el juez Ventos los dejó siempre en libertad y a pesar de las pruebas que presentamos, más la insistencia de mi abogado Ramiro Villalba y el fiscal Fernando Alcaraz, nunca cerró la etapa de instrucción para poder elevar la causa a juicio”, afirmó Mónica Campoy, madre del joven.

Este caso, que podría encuadrarse en una práctica de gatillo fácil, “ha querido ser tapado de todas las maneras posibles por este juez, la Gendarmería y todos aquellos que quieren que siga la impunidad. Hay gente que vio todo lo que pasó, pero no se animan a declarar, ya que a las pocas horas de sucedido el hecho, hubo “visitas” en el barrio Agrelo de Luján de Cuyo, que está enfrente al lugar donde estaban haciendo ese control, donde asesinaron a mi hijo”, agregó.

Según sostiene la mujer, “las pericias preliminares arrojaron como resultado que la bala que mató a Andy mide unos 7 milímetros y eso no coincide con calibre de la vieja carabina. Además, mi hijo no tenía restos de pólvora en las manos, ni en la ropa y tampoco había rastros de un disparo adentro del auto. A pesar de negarme una segunda autopsia todas las evidencias que hay en el expediente derriban la teoría del homicidio que dieron los gendarmes. Entonces, resulta inaceptable que, una vez, que quedaron acusados por el homicidio calificado, agravado por su condición de efectivos de una fuerza de seguridad, nunca hayan sido detenidos, siguen libres y hasta con la posibilidad que continúen en actividad”.

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