Un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense señala que "se busca asociar la migración con la delincuencia con datos distorsionados y descontextualizados"

Apenas el 3% de los detenidos son extranjeros, una cifra que se reduce a su tercera parte entre los chicos menores de edad, de acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense, desde donde señalaron que “se busca asociar la migración con la delincuencia con datos distorsionados y descontextualizados”, tras lo cual atacó a quienes intentan modificar la política migratoria.

Así lo reveló el Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, quien precisó que “los números oficiales indican que, en promedio, solo el 3% de los detenidos no son de nacionalidad argentina y ese indicador se reduce al 1% en lo que refiere al fuero penal juvenil bonaerense” y añadió: “Las estadísticas sobre las personas detenidas extranjeras se vienen manteniendo constantes desde hace varios años en la Provincia, con lo cual no hay dato empírico que indique que se han incrementado los delitos cometidos por ciudadanos de otros países”.

Martello remarcó que, al profundizar el análisis de quienes están privados de su libertad dentro del fuero penal juvenil (16 y 17 años), prácticamente no hay jóvenes extranjeros privados de su libertad en varias regiones de la Provincia, tales son los casos de los departamentos judiciales de Junín, Mar del Plata, Mercedes, Moreno, Necochea, Pergamino, San Nicolás y Trenque Lauquen.

El especialista, que está a cargo del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría, aseguró que “en la Argentina existe, desde hace muchos años, un marco normativo, que incluye un criterio probatorio estricto, que le otorga facultades a las autoridades de la Dirección de Migraciones para evitar el ingreso al país de personas en conflicto con la ley o para expulsar a quienes no tienen la documentación en regla”.

Por eso calificó como “absolutamente regresivas” las últimas declaraciones de funcionarios y legisladores nacionales respecto a la promoción de una política migratoria diferenciada y selectiva que clasifica a los migrantes en dos grupos: los “buenos”, que pueden regularizarse, y los “malos”, a quienes les corresponde la expulsión.

“Tal mirada pone a las personas extranjeras bajo una sospecha permanente. Se busca asociar la migración con la delincuencia, sobre un diagnóstico que está basado en datos que, en el mejor de los casos, están distorsionados y descontextualizados. Pareciera que en este año electoral, se busca generar una suerte de efecto regional incentivando la estigmatización de las personas migrantes”, apuntó Martello, mientras alertó que podrían derivar en una “situación de discriminación institucional”.

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