La mayoría de los encargados del "control de legalidad de los actos administrativos" se encuentra sin estabilidad laboral. Aseguran que muchos "hace 15 años que están con contratos basura".

‘El 75 por ciento de los abogados del Estado no es de planta permanente’, reveló ayer el secretario general de la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE), Rubén Ramos, en declaraciones exclusivas a Popular. El letrado y dirigente sindical expuso ayer su visión acerca de los alcances del rol que cumplen los abogados estatales en su función diaria en la administración pública nacional, destacando que ‘somos los que hacemos el control de legalidad de los actos administrativos’.

‘Esa es la responsabilidad del abogado del Estado’, afirmó, a la vez que sostuvo que ‘es fundamental porque si vos querés terminar con la corrupción en el Estado tenés que arrancar por ahí’.

Dijo asimismo que ‘el abogado es el tipo que dictamina en todos los expedientes, todos, incluso las licitaciones’ tan cuestionadas en la actualidad por la opinión pública.

‘Para que salga una norma tiene que haber un dictamen previo y ese dictamen lo hacen los abogados del Estado; por eso es fundamental su accionar’, detalló.

En este marco, Ramos aseguró ayer que un alto porcentaje de letrados ‘hace 15 años que están con contratos basura, por lo cual no tienen derecho por ejemplo a la carrera administrativa’.

‘El abogado del Estado es el que hace el control de legalidad de todos los actos administrativos dentro del Estado’, insistió para advertir que sin el cargo no cuenta con estabilidad laboral.

Luego puso especial énfasis en resaltar que en una virtual situación de que ‘un funcionario le dice al abogado ‘tenés que dictaminar’ determinada cosa y vos decís ‘no’ porque la ley marca otra cosa. O sea te oponés, estás despedido’.

‘El Estado hoy contrata un abogado, le pide currículum, título, posgrados, especializaciones, le pide absolutamente de todo, pero no le paga ni siquiera el título’, cuestionó.

El titular AGAE también se refirió a la creación de su gremio que comenzó en 2011, pero dijo que el proceso de conformación ha sufrido un sinnúmero de trabas para adquirir la simple inscripción que resguarda la Ley de Asociaciones Sindicales y garantiza la Constitución Nacional.

‘Ante la inactividad del Ministerio de Trabajo se procedió a recurrir a la Justicia la que a través de un fallo de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo del 6 de diciembre de 2016 ordenó a esa cartera a realizar esa inscripción’, explicó.

Al respecto, manifestó más adelante que ‘no obstante ello, el Ministerio aún no ha cumplido con esa manda judicial pese a las responsabilidades penales que tal negativa podría acarrearle’.

Por último, comentó que esta semana envió una carta al presidente Mauricio Macri con el propósito de ‘ponerlo en conocimiento de esta conducta irregular y para que actúe en su condición de garante de la ley’.

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