Reforma laboral: los mayoristas lanzaron un duro reclamo contra Sturzenegger

Para los mayoristas, la reglamentación representa un retroceso respecto del espíritu inicial de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Según plantearon, la medida terminó desvirtuando la promesa de eliminar cargas que obligan a los empleadores a financiar estructuras que incrementan sus costos laborales sin que exista una decisión voluntaria por parte de las compañías.

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Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con los aportes que las empresas deben realizar por cada trabajador alcanzado por el convenio colectivo de empleados de comercio. CADAM cuestionó especialmente las contribuciones destinadas al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).

Cuestionamientos

La cámara empresaria sostuvo que las compañías deben efectuar esos aportes incluso cuando los trabajadores no reciban capacitación. De acuerdo con sus cálculos, el mecanismo representa una recaudación superior a los $30.000 millones anuales, cuyos fondos se distribuyen entre determinadas cámaras empresarias.

El planteo de CADAM no apunta, según explicó la entidad, a impedir que las cámaras reciban aportes, sino a cuestionar el carácter obligatorio de esas contribuciones. La diferencia central que marca el sector mayorista es entre una afiliación voluntaria y una obligación que surge de una negociación colectiva en la que las empresas no participaron.

“No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan”, sostuvo la cámara, al reclamar que cada compañía pueda decidir libremente si desea realizar aportes a cámaras, asociaciones u otras instituciones empresariales.

Qué dice el decreto

El Decreto 612/2026 volvió a modificar el esquema. La normativa establece que las contribuciones y aportes que los empleadores acuerden realizar en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores.

Para CADAM, esa modificación no resuelve el problema de fondo y, por el contrario, vuelve a introducir un mecanismo que contradice uno de los objetivos que la entidad atribuye a la reforma laboral: reducir costos y eliminar cargas que no respondan a una decisión libre de los empleadores.

“Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto”, advirtió la entidad.