Lo pidió el juez Martínez De Giorgi, en el marco de la causa que investiga presunto lavado de dinero por parte del ex fiscal de la unidad AMIA, Alberto Nisman.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi trabó embargó de bienes y cuentas bancarias a la madre y hermana de Alberto Nisman, ex titular de la Unidad Fiscal AMIA y ordenó se realice una investigación patrimonial. La medida solicitada por el magistrado es torno a la causa que investiga presunto lavado de dinero, luego del hallazgo de una cuenta en los Estados Unidos no declarada, cuyo apoderado era el fallecido funcionario judicial.

La decisión de Martínez De Giorgi fue dispuesta el 24 de noviembre último, luego que la Cámara Federal porteña instara al juez actuar con "celeridad" en la investigación por esa cuenta que tenía 633.000 dólares.

Ante esta medida, la sala I de la Cámara Federal porteña deberá resolver si avala los embargos preventivos dispuestos por Martínez De Giorgi, en la causa que tiene como querellante a la AFIPy que fueron apelados por la defensa de Sara Garfunkel y Sandra Nisman, madre y hermana del ex fiscal, respectivamente.

"Las medidas a decretar, tienen por objeto obtener y sumar legalmente pruebas o elementos de convicción que permitan un conocimiento acabado de los hechos que motivan las presentes actuaciones y evitar que los imputados pudieran continuar obteniendo un beneficio de lo que podría ser producto de un ilícito", sostuvo el magistrado en su resolución.

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Asimismo, pidió se informe el patrimonio de los imputados en la causa, que además de la madre y hermana del ex titular de la Unidad Fiscal AMIA, tiene entre los acusados al técnico informático Diego Lagomarsino y al empresario Claudio Picón, a quienes también se les entabló un embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles.

"Como dato relevante debe considerarse que la cuenta bancaria que vinculaba a los encausados 5v3-50653 del Merrill Lynch Bank of América de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, conforme documentación de autos, fue abierta con fecha 7 de marzo de 2002", consignó Martínez De Giorgi en el escrito.

Del mismo modo, solicitó a los peritos intervinientes analizar los lazos "parentales, conyugales y societarios" además de "las herencias recibidas" y la historia laboral, entre otros aspectos, como así también un entrecruzamiento de llamados entre las líneas telefónicas informadas en la causa para establecer si "tuvieron comunicaciones y vínculos entre sí", diligencia que encomendó a la "Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado" dependiente de la Corte Suprema.

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