Política
El Consejo de la Magistratura analiza nueve denuncias contra el juez Claudio Bonadío, en las que por su accionar las causas fueron prescriptas y causaron graves daños económicos al Estado.
El polémico juez federal Claudio Bonadío está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura por su actuación irregular en nueve procesos judiciales, algunos de ellos de alto contenido político, en los que buscan aclarar el retraso en convocar testigos y ordenar imputaciones que permitieron que prescriban algunas causas.
El Consejo de la Magistratura tiene actualmente nueve denuncias contra Bonadío en diferentes etapas de investigación que debe resolver las responsabilidades del juez en supuestas maniobras que retrasaron la elevación a juicio de algunas causas, que incluso llegaron a prescribir.
Una de las principales causas por la que es investigado Claudio Bonadío, ahonda sobre su desempeño en la llamada causa "Tandanor", por la indebida extensión del plazo para la elevación a juicio del expediente.
El juez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5, dado que todos los acusado por defraudación al Estado en la venta del principal astillero público, fueron sobreseídos por el vencimiento de los plazos procesales que produjo Bonadío.
Según la presentación judicial, en agosto 1999, se presentó una denuncia penal cuando el consorcio Marítimos S.A., holding que adquirió el astillero, dejó de cumplir con los pagos previstos en el pliego de privatización, implementado cuando el magistrado investigado integraba el ejecutivo nacional.
Ya como juez a cargo del Juzgado Nro. 11, Claudio Bonadío recibió el expediente en 2003 y 2006 se dio por concluida la investigación, y el Ministerio de Defensa, la Oficina Anticorrupción (ambos como querellantes) y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4, requirieron la elevación a juicio oral.
Sin embargo, el auto de elevación a juicio se materializó tres años después de los requerimientos de los querellantes y la Fiscalía, sin que en dicho lapso hubiere mediado impulso procesal alguno por parte del magistrado.
Idéntica situación afronta en la causa "Yoma", en la que se investigaba a la curtiembre de esa familia por defraudar a la administración pública a través del acceso a un régimen de promoción industrial que luego utilizaban como garantías de préstamos.
Al igual que en la causa Tandanor, Bonadío es investigado por una demora injustificada en el desarrollo de la etapa de instrucción que permitió la prescripción de la de la acción penal.
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