Campagnoli, quien en 2014 logró evitar un juicio político impulsado por Gils Carbó por haberse extralimitado en un caso contra el empresario
Lázaro Báez, fue quien tuvo en sus inicios el expediente por el confuso secuestro de Severo.
En su investigación, el fiscal de los barrios de Saavedra y Núñez apuntaba por el hecho a sectores de inteligencia y, por ende, a Stiuso, quien en ese momento
aún mantenía una buena relación con el kirchnerismo.Según dichos del propio Stiuso al declarar como testigo en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, el caso Severo fue
una muestra de la persecución que inició el kirchnerismo en su contra.En ese sentido, el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia dijo que la procuradora -de muy buena relación con el kirchnerismo- "manipuló" a Campagnoli para que éste solicitara su detención por el caso.
Incluso, el ex espía dijo que Gils Carbó "le dio copias" de la investigación de Campagnoli por el secuestro de Severo al entonces subsecretario de la Secretaría de Inteligencia
Francisco "Paco" Larcher, entonces superior jerárquico de Stiuso.
Sumado a ello, Stiuso dijo que allá por 2004 la procuradora por intermedio del fiscal Nisman- le hizo saber que
"no quería tener ningún inconveniente con él".Campagonli realizó una denuncia penal contra su jefa, Gils Carbó, y contra Larcher, a partir de conocer
el testimonio de Stiuso publicado por el diario Clarín el 23 de septiembre pasado.A partir de esa denuncia, hoy en poder del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal federal Ramiro González imputó a Gils Carbó y al ex espía Larcher, y pidió varias medidas de prueba. .
Dese la Procuración negaron el hecho: las fuentes consultadas del organismo aseguraron que la Procuradora siquiera conoce a Larcher y "nunca le pasó denuncia alguna". Además, remarcaron que la denuncia sólo parte de una nota periodística en la cual se apoya Campagnoli en base a supuestos dichos de Stiuso que ellos desconocen. La denuncia y posterior imputación contra Gils Carbó se producen en un momento complicado para la procuradora: avanza en el Congreso un proyecto impulsado por el
Poder Ejecutivo para limitar su mandato -hoy vitalicio- a cinco años.