La decisión la tomó la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por una presunta defraudación por parte de funcionarios de directivos de IBM.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró imprescriptibles aquellos "graves hechos de corrupción cometidos contra el Estado que conlleven enriquecimiento".

El tribunal, compuesto por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, tomó esta decisión durante la causa en la que se investiga la presunta defraudación en perjuicio del Estado nacional por parte de Ricardo Cossio, que fue titular de la Dirección General de Impositiva (DGI) durante el primer Gobierno de Carlos Menem.

También se encuentran acusados ejecutivos de la empresa multinacional International Business Machines (IBM) y ex funcionarios del Gobierno.

La causa por el presunto fraude comenzó a mediados de 1996, a raíz de la denuncia de legisladores que acusaron a la empresa IBM de cobrar sobreprecios en el contrato con la oficina recaudadora de impuestos.

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En mayo 2016 el Tribunal Oral Federal nº 3 declaró la extinción de la acción por prescripción pero el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Anticorrupción recurrieron la decisión ante la Cámara de Casación.

En diciembre de ese año, con los votos de los jueces Hornos y Gemignani, la Sala IV revocó esa decisión, ya que argumentaban que la fijación de audiencia de debate interrumpía el curso de la prescripción y que los delitos en los que intervienen funcionarios públicos resultaban imprescriptibles.

Pero la Corte Suprema anuló esa decisión por falta de mayoría suficiente de fundamentos entre los votos y ordenó que se dicte una nueva resolución, resumió el Centro de Información Judicial (CIJ).

En la declaración de este miércoles, publicada en el CIJ, reconocieron que esta nueva decisión se debe a una nueva "interpretación gramatical" de la Constitución.

Según queda reflejado en el escrito, uno de los párrafos del artículo 36 de la CN establece que "atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento".

Por su parte, en otro párrafo de ese mismo artículo se pauta que las acciones respectivas contra los atentados contra el orden democrático resultan "imprescriptibles".

A falta de aclaración más precisa, se entiende entonces que "los graves hechos de corrupción atentan contra la democracia del mismo modo en que en lo hacen los otros atentados" y, por lo tanto, deben tener las mismas "consecuencias jurídicas".

La corrupción contra la República y sus instituciones pasa a ser considerada "atentado" de la misma manera que en el siglo pasado se penaban los golpes de Estado o "la adjudicación de la suma del poder público".

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