Se conoce la decisión, luego que el Gobierno pidiera suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF.

La jueza de Nueva York Loretta Preska decide este lunes si otorga a la República Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que hicieron la demanda por la expropiación de la petrolera.

El jueves por la mañana, el Gobierno nacional apeló el fallo ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, según informó Sebastián Maril, el experto que sigue el litigio que se ventila en Nueva York.

En la presentación, la Argentina adelanta que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.

Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.

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La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.

El proceso judicial no involucra directamente a YPF como demandada en esta instancia. La propia Preska retiró a la compañía como parte principal del juicio, centrando las presuntas responsabilidades en el Estado nacional. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, remarcó que su rol es exclusivamente técnico y que la conducción de la defensa corresponde al Gobierno.

Marín declaró que YPF no tiene participación en el expediente ni en las negociaciones judiciales en Nueva York, y explicó que la empresa no forma parte de la estrategia procesal ni del equipo legal que elabora las presentaciones.

En las discusiones previas, los acreedores del fallo, encabezados por Burford y Eton Park, exigieron la entrega inmediata de las acciones. Argumentaron que la demora en la ejecución menoscaba sus derechos como titulares de la sentencia, cuyo monto asciende a más de US$17.000 millones incluyendo intereses.

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