El ex funcionario deberá prestar declaración como imputado el 7 de noviembre a las 10, en el marco de una investigación que lleva adelante por una presunta maniobra destinada a “encubrir gastos”

El fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, citó a declarar como imputado para el 7 de noviembre próximo a las 10 al ex jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, en el marco de una investigación que lleva adelante por una presunta maniobra destinada a "encubrir gastos", que eran autorizados con su firma y que supondrían irregularidades por 10.720.347 pesos en perjuicio de la administración pública provincial.

También convocó para el 9 de noviembre a Walter Carbone, ex funcionario de la jefatura de Gabinete, cuya mansión del country Abril resultó allanada en el marco de un procedimiento que incluyó el secuestro de una escultura que representaba la figura de un dragón alado que en su interior contenía una caja fuerte.

Para el día 10 de noviembre fue citada Sandra Alicia Mamberti y para el 11 Mónica Ripamonti, también vinculadas a la causa, que se inició a partir de una presentación de la diputada Elisa Carrió para que se investiguen las presuntas irregularidades en la administración del ex gobernador Daniel Scioli.

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En la resolución, a la que tuvo acceso exclusivo Télam, Garganta sostuvo que "existen elementos suficientes para tener por acreditado que  entre los años 2014 y 2015, el entonces titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, y el titular de la Subsecretaría Administrativa, sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas".

Esta maniobra, sostiene la resolución, pudo concretarse, por la participación necesaria de la Directora General de Administración del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, quién emitió las órdenes de pago en efectivo y luego aprobó las rendiciones efectuadas por los funcionarios con las facturas apócrifas para que el gasto se impute como presupuestario, y por la participación también necesaria de la contadora Fiscal Delegada de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, quien refrendó las órdenes de pago en efectivo, y luego junto con la Directora General de Administración aprobó las rendiciones efectuadas con facturas apócrifas.

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