Con la intención de que llegue de manera fraccionada, el gobierno envió al Congreso parte del proyecto que quedó trunco en su debate por los incidentes que tuvieron lugar a fin de año.

El gobierno envió al Congreso tres capítulos del proyecto de reforma laboral que cuentan, a priori, con el visto bueno del sindicalismo y se refieren al blanqueo de trabajadores informales, el establecimiento de sistemas de pasantías y la creación de una agencia de evaluación de tecnología médica.

Luego de que la iniciativa se empantanara en el Senado por las disidencias internas en la CGT respecto al proyecto, la Casa Rosada buscará avanzar en los próximos meses con los puntos que tanto los líderes gremiales como el bloque peronista aceptaron.

En ese sentido, el texto enviado por el Poder Ejecutivo trata sobre el plan para regularizar empleados en situación de informalidad, en el que se incluye eximir del pago de multas a aquellos empresarios que blanqueen a sus trabajadores y el reconocimiento por parte del Estado de los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad.

Asimismo, la iniciativa prevé reconocerle a los empleados informales el escalafón y la antigüedad.

El segundo punto apunta a la capacitación laboral continua, que pretende que las pasantías sean una modalidad de capacitación y también apuntará a reconvertir oficios que están cayendo en desuso.

Finalmente, la tercera iniciativa es la creación de la agencia de tecnología médica que buscará reducir el nivel de litigiosidad que existe en contra de las obras sociales sindicales.

De esta manera, el Gobierno pretende avanzar con los temas en las que ya hay acuerdo con el sindicalismo, en momentos en que la CGT tiene profundas divisiones internas. Esos acuerdos se alcanzaron tras conversaciones entre el ministro Jorge Triaca y la cúpula cegetista.

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Las propuestas estaban incluidas en el proyecto ampliado de reforma laboral cuyo tratamiento fracasó a fines del año pasado en el Congreso a raíz de los fuertes cuestionamientos que recibió por parte de la oposición y organizaciones sindicales.

Ahora, el Gobierno insistirá con algunos de los puntos de esa reforma con la presentación de tres proyectos de ley, que fueron enviados anoche el Senado de la Nación y que serían girados a la comisión de Trabajo una vez que se registre su ingreso formal a la mesa de entradas de la Cámara, en el transcurso de la próxima semana.

El primero de los proyectos propone la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) a aquellos empleadores que blanqueen a sus empleados.

El proyecto plantea que las relaciones laborales deberán efectivizarse dentro de los 360 días contados desde la reglamentación de esta ley.

El proyecto indica que “podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial”

En tanto que el demandado “se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos’

También se prevé la condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social.

El segundo de los proyectos establece la creación del Sistema de Prácticas Formativas para los estudiantes y noveles graduados de la Educación Superior, y los estudiantes de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, en todos los casos mayores de 18 años.

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