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Fue dispuesto por la Cámara Federal sobre Héctor Jesús Guerrero, que disparó una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal confirmó el procesamiento de Héctor Jesús Guerrero, el cabo primero de la Gendarmería Nacional, que está acusado de haber disparado una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza e hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo durante la marcha de jubilados el 12 de marzo pasado en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
En este contexto, los camaristas ratificaron la acusación por lesiones gravísimas y abuso de armas. Además, ambos delitos están agravados por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad.
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Mientras que el camarista Roberto Boico planteó la necesidad de ahondar en la investigación para determinar eventuales responsabilidades de las autoridades que intervinieron en el operativo.
Según la resolución, el gendarme Guerrero realizó seis disparos con una pistola lanza gases, de manera “prácticamente horizontal” y en dirección a los manifestantes, entre las 17 y las 17:22 del 12 de marzo pasado.
Uno de esos disparos impactó directamente en Grillo, quien sufrió una fractura expuesta de cráneo y hematomas intracraneales, lesiones que, de acuerdo con el Cuerpo Médico Forense, “pusieron en riesgo su vida”.
Piden ampliar la investigación
En el fallo se destaca que las imágenes incorporadas a la causa, junto con peritajes y reconstrucciones técnicas, muestran que el disparo que hirió al fotógrafo fue realizado “en forma directa –horizontal– hacia el conjunto de personas que se encontraban frente al cordón policial”, una modalidad que los jueces consideraron antirreglamentaria y altamente peligrosa.
Además, el tribunal citó los manuales de uso del arma y estándares internacionales, que establecen que “nunca deben dispararse cartuchos de gas lacrimógeno directamente hacia una persona”, ya que su impacto puede provocar lesiones graves e hasta la muerte.
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Más allá de confirmar la responsabilidad penal provisoria de Guerrero, uno de los votos, el del juez Boico, subrayó en el contexto de protesta social en el que ocurrieron los hechos y sostuvo que el análisis del caso no puede limitarse a la conducta individual del tirador.
Y pidió avanzar en la investigación sobre las decisiones operativas y órdenes impartidas, para establecer si existieron responsabilidades por parte de superiores jerárquicos que habilitaron o toleraron el accionar cuestionado.
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