El 39% de los participantes del plan Hacemos Futuro no terminaron sus estudios, como estaba establecido, y las organizaciones sociales amenazan con salir a la calle si les quitan el beneficio.

Pese a que el gobierno advirtió que beneficiarios de planes sociales debían terminar sus estudios para poder seguir cobrando sus ingresos, sólo 160 mil de los 260 mil integrantes de Hacemos Futuro -el plan que absorbió los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen- pudieron acreditar sus títulos educativos. Las organizaciones sociales, por su parte, amenazan con “salir a la calle” en caso que haya planes caídos por esta causa y aducen que es responsabilidad del Estado garantizar los ámbitos educativos cercanos a los domicilios de los desocupados.

A fines de febrero pasado la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, confirmó que el gobierno les exigirá a los beneficiarios de planes sociales que completen sus estudios para seguir percibiendo ese ingreso, al tiempo que aumentarán los controles de quienes están incluidos. En ese sentido, la funcionaria remarcó que “la educación y el trabajo son los pilares básicos para ayudar a una familia a salir de una situación de pobreza y vulnerabilidad” y explicó que “cualquier empleo hoy en día pide que una persona haya terminado su secundaria”.

Según pudo averiguar este diario de un relevamiento de la cartera enclavada en 9 de julio y Belgrano, sólo 160 mil de los 260 mil beneficiarios del plan Haciendo Futuro pudieron acreditar su formulario de “terminalidad educativa”. Aunque en el oficialismo dicen que los números podrían actualizarse hacia fin de año, admiten que las previsiones no serán cumplidas.

Por su parte, Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) atribuyó el incumplimiento en los planes de estudio a que “el Estado no tiene estructura para recibir a todos los interesados en completar sus estudios. Muchos compañeros no tienen lugares cercanos para estudiar”.

En este sentido, el dirigente matancero advirtió que “no vamos a dejar que pierdan sus planes: si se los sacan, saldremos a la calle a pelear de nuevo. El Estado tiene que brindar el lugar, como salones para los Fines (Programas educativos)”.

Las organizaciones de desocupados marcharán este jueves hacia las puertas del Ministerio de Trabajo, en Alem 650, para reclamar una suba del salario mínimo -acordado hace semanas por laudo oficial a $12.500 hacia julio de 2019- a los $23 mil que el INDEC estima la canasta básica. Es que con la mitad del salario mínimo se calcula el salario social complementario (SSC) que cobran los beneficiarios.

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Con todo, esa tensión permanecerá en lo que resta del año: con el aumento en los planes ya otorgado hasta diciembre, sólo queda pendiente para el oficialismo la eventual negociación de un bono de fin de año.

“Estamos cumpliendo los desembolsos de la ley de Emergencia Social y ya ofrecimos un aumento del salario social complementario. Vamos a controlar que no quede desfasado por la inflación para que no baje de la mitad del salario mínimo”, esgrimió una calificada fuente consultada por este medio.

El universo de planes que paga el Estado nacional alcanza los 450 mil beneficios y en el oficialismo sostienen que han aumentado los controles. De todos modos, los programas pueden ser complementados con otros ingresos sociales pagados por las provincias.

En Desarrollo Social ofrecen también a las organizaciones la “zanahoria” de la ley de barrios populares, que a principios de julio obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados y ahora se debate en la Cámara alta. La misma permitirá al Estado expropiar terrenos privados donde se asientan las villas de emergencia del país para, así, se puedan extender los certificados de dominio y las familias puedan ser propietarias de sus viviendas.

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