Pese al anuncio del presidente Alberto Fernández de abonar con títulos públicos el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno porteño decidió realizar la denuncia.

A pesar de que el presidente Alberto Fernández resolvió abonar con títulos públicos el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno de la Ciudad decidió realizar la denuncia por el incumplimiento del fallo por la coparticipación.

Tras varias reuniones en la sede porteña de la calle Uspallata, la cúpula del Gobierno porteño resolvió que la Procuración de la Ciudad reclame que “se arbitren los medios necesarios” para el cumplimiento de la resolución.

El primer paso es denunciar el incumplimiento ante la Corte Suprema porque, según entienden en la Ciudad, el Gobierno nacional lleva dos días de incumplimiento de la orden judicial, notificada el miércoles pasado.

Cabe destacar que ya hay varias denuncias penales contra los funcionarios que quedaron acumuladas en el juzgado federal 6, ocupado de manera interina por Daniel Rafecas.

El juez ya delegó la causa en el fiscal Ramiro González, que podría investigar de manera provisoria hasta que se defina la pelea política entre la Nación y la Ciudad.

Este lunes, el Presidente lanzó un extenso mensaje a través de sus redes sociales en la que explicó que “instruí a la JGM (Jefatura de Gabinete de Ministros) para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.

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“Los bonos consignados, ya fueron aceptados por la CSJN para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”, añadió Alberto.

“Las políticas públicas que dispone el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas”, añadió.

El conflicto por la coparticipación comenzó hace dos años, luego de que la Nación redujera la masa de recursos de coparticipación que le gira a la CABA de 3,5% a 2,32%, en primera instancia y luego a 1,4%.

El recorte a la ciudad de Buenos Aires fue dispuesto por Alberto Fernández el 9 de septiembre de 2020 en medio de un conflicto salarial de la policía bonaerense y, además de los perjuicios económicos para los porteños, derivó en una ruptura de la relación del Presidente y el jefe de Gobierno.

Rodríguez Larreta se presentó en la Corte Suprema e inició un recurso de amparo para frenar el decreto presidencial. Y el miércoles pasado, con una medida cautelar, el máximo tribunal resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables.

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