El juez Leonardo Fuchi hizo lugar a un amparo y no reconoció la ley 6.289, aprobada en 2019 por la Legislatura, que autorizaba la venta de Costa Salguero.

El Tribunal en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires declaró este martes la inconstitucionalidad de la ley 6.289 que fue aprobada en 2019 por la Legislatura local y autorizaba al Gobierno porteño a la venta del predio de Costa Salguero, en la Costanera Norte.

La resolución, que lleva la firma del juez Leonardo Fuchi, hizo lugar al amparo presentado por la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Gabriela Cerruti y la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad contra el Gobierno porteño.

En el fallo, Fuchi declaró "la inconstitucionalidad de la Ley 6.289 por ser contraria a los artículos 63, 89 incisos 4 y 6, y 90 de la Constitución de la Ciudad", lo que reglamentan los alcances de las audiencias públicas para la participación ciudadana y el proceso obligatorio para las normas sancionadas en el Parlamento denominadas "de doble lectura".

En rigor, los diputados aprobaron en diciembre del 2019 la ley por la cual se habilitó a la administración porteña a desprenderse de los terrenos de la Costanera donde funcionaron los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco mediante un solo debate legislativo, lo que fue objetado por Cerruti y el Observatorio ante la Justicia.

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Es que, para los amparistas, la iniciativa debía encuadrarse en las normas "de doble lectura", es decir, ser sometida a dos tratamientos en comisión y en el recinto, incluyendo la realización de una audiencia pública, lo que el Ejecutivo no cumplió.

"El fallo que da lugar al amparo y declara la inconstitucionalidad de la ley que intenta vender los terrenos de Costa Salguero es fruto de la movilización de las fuerzas políticas y sociales de la Ciudad", aseguró Cerruti en su cuenta de Twitter después de conocida la resolución judicial.

De esta manera, la venta del predio de Costa Salguero quedó suspendida y se estima que la medida incidirá en la ley que aún está en debate en la Legislatura que, a su vez, avala un proyecto inmobiliario para la construcción de edificios en el lugar, lo que es resistido por organizaciones sociales y políticas que plantean que allí haya un espacio verde y público.

Los terrenos en cuestión fueron concesionados en la década del 90 a la empresa Telemetrix, que hace pocas semanas recibió una extensión del contrato de explotación hasta mediados de año por parte del Gobierno de la Ciudad.

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