Se trata de Ricardo JoaquÍn Molina, de 87 años, quien se había fugado hace 8 años y tenía pedido de captura internacional desde 2010, fue detenido en el domicilio de su esposa.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en La Plata al capitán de corbeta retirado Ricardo Joaquín Molina, de 87 años, quien estuvo prófugo desde 2009 -y con pedido de captura internacional desde 2010- en la causa en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad perpetrados por personal de la Armada en Bahía Blanca durante la última dictadura.

El imputado fue jefe del Departamento de Seguridad y Operaciones de la Base Naval Puerto Belgrano entre marzo y noviembre de 1976 y fue capturado el pasado lunes, informó el sitio oficial del Ministerio Público.

El militar, por quien el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrecía una recompensa, fue detenido en el domicilio de su esposa, luego de que se determinaran sus movimientos gracias a la intervención de los teléfonos de su entorno familiar.

La medida fue obtenida por la Unidad Fiscal gracias a un recurso presentado ante la Cámara Federal, dado que el juez Walter López Da Silva se había negado a llevarla a cabo por considerar que era una “gravosa medida de injerencia en el ámbito de la intimidad de las personas”, se informó.

En su recurso, a fines del año pasado, la Unidad Fiscal, a cargo del fiscal general Miguel Palazzani y del fiscal ad hoc José Nebbia, había remarcado que “el tiempo desde que se ordenó la captura del imputado” y “su avanzada edad” son “extremos que profundizan la necesidad de no dilatar la adopción de medidas necesarias y pertinentes para posibilitar la investigación de los hechos y el eventual juzgamiento del mismo”.

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El 8 de junio, la Cámara Federal por mayoría revocó la negativa del juez de instrucción y autorizó la prórroga de las intervenciones telefónicas, medida que había sido recomendada por la PSA, la fuerza que investigó el paradero del militar.

La detención de Molina había sido requerida por primera vez en 2008 por el entonces fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón, por los delitos perpetrados contra trece víctimas, mientras que la Unidad Fiscal luego amplió aquél pedido a los hechos sufridos por otras veintiún personas.

La Base Naval Puerto Belgrano, donde se desempeñó el acusado, era entonces la principal base de la Armada Argentina, que actuaba como sostén logístico y proveía seguridad a las Fuerzas y Unidades Navales.

Según informó la Unidad Fiscal bahiense, “el Departamento que dirigía Molina era el órgano de inteligencia de esa estructura” y bajo su mando se encontraban las Divisiones Contrainteligencia y Policía de la Base Naval y que “la primera fue uno de los principales elementos de inteligencia utilizados para llevar adelante el plan de exterminio en la región”.

En tanto, en la órbita de la División Policía funcionaba la Policía de Establecimientos Navales, en cuya sede operó uno de los centros clandestinos de secuestro y tortura, por donde transitaban las víctimas que luego eran encerradas en el Buque ARA 9 de Julio.

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