Se trata del decreto 795, firmado por el ex mandatario a 12 días de dejar el poder, que había creado la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados

El Gobierno derogará el decreto de Mauricio Macrique creó una agencia para la protección de testigos protegidos en causas judiciales –tuvieron ese status, por ejemplo, el mediático Leonardo Fariña o el chofer Oscar Centeno, factótum de los denominados “Cuadernos de la corrupción”- y devolverá este programa nacional al ministerio de Justicia que comanda Marcela Losardo.

Según pudo saber este diario, este jueves se publicaría en el Boletín Oficial la anulación del decreto 795, firmado por el ex mandatario a 12 días de dejar el poder, que había creado la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados como un mensaje político a aquellos dirigentes que, tras el triunfo del Frente de Todos, temían por la suerte de testigos de causas judiciales que declararon contra las máximas figuras del kirchnerismo.

Lo cierto es que la nueva agencia igualmente dependía de Justicia pero contaba con un Consejo Consultivo que iba a ser liderado por la Cámara Federal de Casación Penal, última instancia revisora de sentencias en este fuero, que le daría un aura de “independencia” respecto del Ejecutivo.

En los hechos, este organismo tenía el mismo objetivo que el programa nacional de testigos protegidos, esto es, brindar medidas de protección como la custodia personal hasta el cambio de domicilio y la entrega de una identidad falsa para quienes ayudasen en determinadas investigaciones.

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El programa había tomado notoriedad en la administración de Cambiemos con el ingreso de algunos personas citadas para declarar en causas de corrupción como Oscar Centeno, el chofer que al parecer redactó los denominados “cuadernos de las coimas”, Alejandro Vandenbroele, por la causa Ciccone –que en los últimos días quedó envuelto en la polémica por haber recibido “prebendas” tras declarar contra Amado Boudou-, el ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares y Leonardo Fariña, quien declaró contra el detenido Lázaro Báez. Estos dos últimos testigos ya renunciaron al programa.

Hasta fines del gobierno macrista, el mismo cobijaba a unas 223 personas que habían declarado en causas de corrupción, narcotráfico, secuestros y trata de personas, entre otros delitos.

Ya como presidente electo, Alberto Fernández utilizó su cuenta de Twitter para rechazar el traspaso del programa: “nunca fuimos consultados y por lo tanto, estamos muy lejos de poder avalarlo”.

Lo cierto es que el presidente puso a trabajar en el tema a los funcionarios de Justicia y de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, para desarticular la estructura legal oficializada por el macrismo el último 29 de noviembre.

Ahora, según se pudo averiguar, el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados volverá a depender íntegramente del ministerio de Justicia, que conducen Losardo y su segundo, Juan Martín Mena, un dirigente que supo ocupar la vicepresidencia de la AFI durante los últimos años de Cristina Kirchner como presidenta. Y, de este modo, la justicia no tendrá ninguna injerencia en su administración y control.

Aunque puertas adentro del oficialismo también es cuestionado, por ahora el Ejecutivo no piensa derogar el decreto de extinción de dominio de enero de 2019. “No hay que dar todas las batallas juntas. No es el momento”, cerró una calificada fuente gubernamental consultada por este diario.

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