En abierto desafío a la Corte Suprema, Donald Trump elevó “con efecto inmediato” los gravámenes a las importaciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que elevará al 15 % el nuevo arancel global a las importaciones, apenas un día después de haber fijado un gravamen base del 10 % y tras el duro revés judicial que sufrió su política comercial.
El mensaje fue difundido a través de Truth Social, donde el mandatario aseguró que la suba regirá “con efecto inmediato” y la presentó como una decisión “totalmente permitida y legalmente probada”.
El anuncio llega en medio de un clima de fuerte tensión institucional. El viernes, la Corte Suprema -por 6 votos contra 3- dictaminó que Trump había excedido su autoridad al imponer aranceles bajo una ley de emergencia nacional, declarando inconstitucional el mecanismo utilizado meses atrás para justificar los llamados gravámenes “recíprocos”.
El fallo representó un límite significativo al poder presidencial en materia comercial y golpeó uno de los pilares de la estrategia económica del republicano.
Lejos de retroceder, Trump reaccionó con rapidez. Primero, dispuso un arancel global del 10 % amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que habilita al presidente a aplicar gravámenes por hasta 150 días sin aval del Congreso. Sin embargo, la decisión no quedó allí: este sábado volvió a subir la apuesta y llevó la tarifa al 15 %, el máximo permitido por esa normativa.
“Durante los próximos meses, la Administración determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permitidos”, escribió el mandatario, reafirmando su intención de sostener el rumbo.
El trasfondo legal de la medida abre interrogantes. La Sección 122 fue concebida como una herramienta transitoria y con límites temporales, lo que deja dudas sobre la viabilidad de una política arancelaria de largo plazo. Tampoco se precisaron detalles operativos sobre la entrada en vigor del nuevo porcentaje, que inicialmente estaba prevista para el 24 de febrero a las 00:01 hora de Washington. La falta de precisiones agrega volatilidad a un escenario tarifario ya caracterizado por cambios abruptos.
La política de aranceles ha sido un eje central del discurso de Trump desde su regreso a la Casa Blanca. El presidente sostiene que los gravámenes permiten corregir desequilibrios comerciales, reducir el déficit fiscal y financiar incentivos económicos internos. También los utiliza como herramienta de presión diplomática. En ese marco, su administración había dispuesto aranceles adicionales del 25 % a México y Canadá, y aumentos de hasta el 50 % a países como Brasil e India, decisiones que generaron controversia tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
No obstante, los efectos económicos de esta estrategia han sido motivo de debate. Analistas y cámaras empresarias advierten que el incremento de aranceles impacta en los precios internos, encarece insumos y amplifica la incertidumbre global.
La Reserva Federal, de hecho, ha evitado recortes sostenidos en las tasas de interés al considerar que la política comercial podría alimentar presiones inflacionarias. En los mercados, cada anuncio arancelario se traduce en oscilaciones y cautela inversora.
El frente político tampoco ofrece calma. Si bien el Congreso permanece bajo control republicano, los aranceles se han convertido en uno de los pocos temas que generaron resistencias dentro del propio oficialismo. Legisladores tradicionales del partido, históricamente alineados con el libre comercio, cuestionaron la escalada tarifaria.
El senador Mitch McConnell fue particularmente crítico al advertir que las “guerras comerciales de gran escala” elevan costos y afectan industrias estratégicas.
Las encuestas reflejan un panorama dividido. Según un sondeo de ABC News/Washington Post/Ipsos, un 64 % de los estadounidenses desaprueba la gestión presidencial en materia de aranceles.
Aunque la mayoría de los votantes identificados con el movimiento MAGA respalda las decisiones de Trump, el apoyo disminuye entre republicanos moderados e independientes afines, lo que sugiere un desgaste potencial en un año atravesado por la campaña legislativa.
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