Dictaron la prisión domiciliaria para Milagro Sala

Pullen Llermanos resolvió sobre la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dispuso la prisión preventiva contra Sala. El juez, en este caso, dispuso que Sala cumpla la detención “con monitoreo electrónico las veinticuatro horas”, a través de una tobillera.

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Si bien Pullen Llermanos indicó que la efectivización de la medida tendrá lugar “dentro del plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación de la resolución a los organismos que se estimen competentes para la refacción del inmueble”, advirtió que “si la defensa de la procesada propusiere el acondicionamiento interno a su costa en un plazo menor, el cumplimiento de la medida se realizará de inmediato".

Pullen LLermanos había sentenciado que la recomendación de la CIDH no es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, agregó en la resolución que “del supuesto riesgo de vida de Milagro Sala que para la Comisión existiría en las condiciones actuales de alojamiento, aún discrepando con dicha evaluación” .

Por otro lado, estableció una serie de reglas de conducta de cumplimiento obligatorio: entre ellas que sólo los familiares podrán permanecer en el inmueble sin límite temporal, sus parientes consanguíneos y afines, hasta el cuarto y segundo grado respectivamente.

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A su vez, agregó que las personas que podrán ingresar al inmueble serán hasta "cuatro a la vez y en el horario de 7 a 19, los días martes, jueves y sábados, con un límite máximo de veinte personas por cada día de visita, no aplicándose ésta restricción a los familiares".

Durante su prisión domiciliaria, “no podrá la imputada ni sus familiares y visitas consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes” y sí podrá “circular libremente dentro del perímetro de la propiedad, no pudiendo por ninguna razón trasponer los límites de la misma ni cortar el contacto de la tobillera de monitoreo electrónico con el cuerpo”.

De esta manera, y a pesar del rechazo del gobernador Gerardo Morales, los jueces de Jujuy dieron cumplimiento a la cautelar de la CIDH, que a fines de julio pasado había reclamado un cambio en las condiciones de detención de Sala por considerar que se encontraba “en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”