Política
La Cámara Baja aprobó, con 131 votos a favor y 113 en contra, la iniciativa que ya tenía media sanción del Senado, que refiere a la causa AMIA.
Con el respaldo del Frente para la Victoria y de bloques aliados, la Cámara de Diputados ratificó esta madrugada el acuerdo firmado entre Argentina e Irán para que sean interrogados los funcionarios iraníes acusados de participar en el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994.
La Cámara baja aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo por 131 votos afirmativos, contra 113 negativos, tras más de trece horas de debate en las que expusieron más de 80 oradores
La sesión especial en la que se debatió el tema se inició pasado el mediodía de ayer con la presencia de 132 diputados aunque apenas comenzó el plenario el oficialismo tenía 137 legisladores sentados en sus bancas, superando así los 129 que conforman el quórum.
El oficialismo obtuvo quórum con el respaldo de sus propios diputados (111), sus tradicionales aliados (22), y la presencia en el recinto del diputado por Unión por San Juan, Mauricio Ibarra, el único representante de la oposición presente.
Al abrir el debate, el diputado y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona, defendió el acuerdo y aseguró que el gobierno nacional quiere "que presten declaración indagatoria los funcionarios iraníes, ese es el objetivo del acuerdo", al sostener que se trata de "un viejo anhelo de la Argentina".
En esa línea, la diputada del Frente para la Victoria, Mara Brawer, afirmó que "para llegar este memorándum el gobierno tuvo que negociar con Irán pero hay una sola cosa que no se negocia y son los valores, los principios" y consideró que la firma del acuerdo "no cambia un ápice acerca de nuestra mirada de Irán".
Desde la oposición, el diputado nacional del radicalismo, Ricardo Alfonsín, consideró que el memorándum "no representa un avance para Argentina" y cuestionó el contenido del acuerdo, al sostener que "aprobarlo con estas lagunas significa firmar un cheque en blanco".
Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, reiteró que presentó un dictamen propio para plantear la nulidad del acuerdo y dijo compartir "la tesis de un Tercer Estado pero nunca en Teherán. Estamos intentando preservar los derechos de las víctimas y el derecho a la verdad".
La diputada nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), Margarita Stolbizer, anticipó el rechazo de ese bloque al memorándum de entendimiento con Irán que se debate en la cámara baja y cuestionó la "urgencia" del oficialismo para avanzar en la aprobación del acuerdo.
Desde el PRO, el diputado Pablo Tonelli, miembro informante de ese bloque que impulsó un dictamen propio, consideró que de aprobarse el acuerdo "Argentina no logrará nada que permita avanzar con la investigación", al sostener que "los imputados van a estar libres de las órdenes de captura de Interpol".
Uno de los bloques que acompaño al oficialismo fue el Movimiento Popular Neuquino, que a través de la titular de esa bancada, Alicia Comelli, consideró que "como poder del Estado tenemos la obligación de arbitrar todos los medios disponibles para llegar a la verdad y dar una respuesta de Justicia no sólo a las víctimas de la AMIA y sus familiares sino a toda la ciudadanía".
Cerca de las 19, la titular APEMIA, Laura Ginzberg, encabezó una concentración frente al Congreso en la que expresó su postura en relación al proyecto que se trataba en el recinto de la Cámara baja.
Por su parte, autoridades de AMIA y DAIA, junto con dirigentes de la oposición, promovieron concentración en el mismo lugar a la espera de que se desarrolle la votación en Diputados.
La votación de hoy le dará respaldo parlamentario y valor legal al acuerdo suscripto hace un mes entre Argentina e Irán para que sean interrogados los funcionarios iraníes acusados del atentado a la AMIA, cometido en 1994, en el marco del proceso judicial llevado adelante en Buenos Aires.
Por ese ataque terrorista, Argentina reclama desde el 2006 la extradición de ocho iraníes, entre ellos el ministro de Defensa, Ahmad Vahidi; el ex presidente Alí Rafsanjani y el ex canciller Alí Akbar Velayati, todos con orden de captura internacional.
El memorándum establece que el juez y el fiscal argentinos de la causa, Rodolfo Canicoba Corral y Alberto Nisman, respectivamente, podrán interrogar a los sospechosos con notificación roja de Interpol y habilita la conformación de la "comisión de la verdad", integrada por juristas, para cooperar con la investigación.
La sesión especial en la que se debatió el tema se inició pasado el mediodía de ayer con la presencia de 132 diputados aunque apenas comenzó el plenario el oficialismo tenía 137 legisladores sentados en sus bancas, superando así los 129 que conforman el quórum.
El oficialismo obtuvo quórum con el respaldo de sus propios diputados (111), sus tradicionales aliados (22), y la presencia en el recinto del diputado por Unión por San Juan, Mauricio Ibarra, el único representante de la oposición presente.
Al abrir el debate, el diputado y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona, defendió el acuerdo y aseguró que el gobierno nacional quiere "que presten declaración indagatoria los funcionarios iraníes, ese es el objetivo del acuerdo", al sostener que se trata de "un viejo anhelo de la Argentina".
En esa línea, la diputada del Frente para la Victoria, Mara Brawer, afirmó que "para llegar este memorándum el gobierno tuvo que negociar con Irán pero hay una sola cosa que no se negocia y son los valores, los principios" y consideró que la firma del acuerdo "no cambia un ápice acerca de nuestra mirada de Irán".
Desde la oposición, el diputado nacional del radicalismo, Ricardo Alfonsín, consideró que el memorándum "no representa un avance para Argentina" y cuestionó el contenido del acuerdo, al sostener que "aprobarlo con estas lagunas significa firmar un cheque en blanco".
Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, reiteró que presentó un dictamen propio para plantear la nulidad del acuerdo y dijo compartir "la tesis de un Tercer Estado pero nunca en Teherán. Estamos intentando preservar los derechos de las víctimas y el derecho a la verdad".
La diputada nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), Margarita Stolbizer, anticipó el rechazo de ese bloque al memorándum de entendimiento con Irán que se debate en la cámara baja y cuestionó la "urgencia" del oficialismo para avanzar en la aprobación del acuerdo.
Desde el PRO, el diputado Pablo Tonelli, miembro informante de ese bloque que impulsó un dictamen propio, consideró que de aprobarse el acuerdo "Argentina no logrará nada que permita avanzar con la investigación", al sostener que "los imputados van a estar libres de las órdenes de captura de Interpol".
Uno de los bloques que acompaño al oficialismo fue el Movimiento Popular Neuquino, que a través de la titular de esa bancada, Alicia Comelli, consideró que "como poder del Estado tenemos la obligación de arbitrar todos los medios disponibles para llegar a la verdad y dar una respuesta de Justicia no sólo a las víctimas de la AMIA y sus familiares sino a toda la ciudadanía".
Cerca de las 19, la titular APEMIA, Laura Ginzberg, encabezó una concentración frente al Congreso en la que expresó su postura en relación al proyecto que se trataba en el recinto de la Cámara baja.
Por su parte, autoridades de AMIA y DAIA, junto con dirigentes de la oposición, promovieron concentración en el mismo lugar a la espera de que se desarrolle la votación en Diputados.
La votación de hoy le dará respaldo parlamentario y valor legal al acuerdo suscripto hace un mes entre Argentina e Irán para que sean interrogados los funcionarios iraníes acusados del atentado a la AMIA, cometido en 1994, en el marco del proceso judicial llevado adelante en Buenos Aires.
Por ese ataque terrorista, Argentina reclama desde el 2006 la extradición de ocho iraníes, entre ellos el ministro de Defensa, Ahmad Vahidi; el ex presidente Alí Rafsanjani y el ex canciller Alí Akbar Velayati, todos con orden de captura internacional.
El memorándum establece que el juez y el fiscal argentinos de la causa, Rodolfo Canicoba Corral y Alberto Nisman, respectivamente, podrán interrogar a los sospechosos con notificación roja de Interpol y habilita la conformación de la "comisión de la verdad", integrada por juristas, para cooperar con la investigación.
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