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El fiscal ordenó seguir la causa por presunto espionaje relacionado con escuchas, pero protegió la inviolabilidad de fuentes y domicilios sin orden judicial.
El fiscal federal Carlos Stornelli reivindicó este martes la protección de las fuentes periodísticas y también pidió que se abra una investigación en el marco de la denuncia presentada por el Gobierno sobre una supuesta operación de inteligencia ilegal realizada con los audios filtrados, como los de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Stornelli aclaró que “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”.
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Y destacó: “Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas”.
La medida de Stornelli en resguardo de los periodistas incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente.
La aclaración realizada por Stonelli surge como respuesta a un pedido realizado por el abogado del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, quien pretendía que se allanara el canal de streaming Carnaval, que publicó audios atribuidos a Diego Spagnuolo y la hermana del Presidente.
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También pidió que se requisaran los domicilios de Mauro Federico y Jorge Rial, los periodistas que participaron de esas transmisiones y de empresarios que estarían vinculados a la composición accionaria del medio periodístico.
En el dictamen, el fiscal describe que, según la denuncia, se habrían producido acciones delictivas consistentes en la captación y obtención ilegal de audios de conversaciones y comunicaciones privadas de Karina Milei.
El fiscal sostiene que las grabaciones habrían afectado no solo a funcionarios federales de alto rango, sino que también se habrían realizado en lugares bajo jurisdicción exclusiva del gobierno nacional, lo que justifica la competencia del juzgado federal para intervenir en la causa.
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