Las principales espadas del Ejecutivo le bajaron el pulgar a una iniciativa del diputado nacional Daniel Lipovetzky, quien se había expresado en favor de la necesidad de realizar una consulta popular.

El acalorado debate por el aborto impulsado por el gobierno en el mes de febrero para retomar la agenda, que el Senado procedió a rechazar tras la media sanción con que venía de Diputados, genera posturas encontradas en el oficialismo que analiza cómo disipar la tensión dentro y fuera del gobierno entre los que impulsan la legalización y aquellos que decían ser Provida.

Este miércoles el diputado oficialista e impulsor de la norma, Daniel Lipovetzky, propuso que en caso que no haya ley de interrupción voluntaria de embarazo, el Ejecutivo convoque a una consulta popular vinculante, contemplada en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Sin embargo, en los pasillos de la Casa Rosada rápidamente le bajaron el pulgar a esa posibilidad aunque admitieron que analizan "opciones" para intentar zanjar una disputa que podría dejar "heridos" dentro de Cambiemos.

Una de ellas es el demorado anteproyecto de reforma del Código Penal, cuya redacción el Ministerio de Justicia coordinó con un comité de expertos encabezado por el camarista Mariano Borinsky, que incluirá un artículo para quitar la pena de cárcel a la mujer que se practique un aborto. Una sanción que en los papeles no se impone pero que en el oficialismo lo verían como un "gesto" hacia el colectivo de mujeres; de hecho no prosperó una iniciativa similar que intentó tratarse en la cámara alta.

La presentación del anteproyecto, que crea nuevas figuras sobre corrupción, plantea la despenalización del consumo de drogas para consumo privado e incorpora un libro tercero a Código, estaba prevista para junio pasado.

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Pero se postergó, quizás, por el debate que se venía. "Se propone reducir la pena y dejar su no aplicación" a criterio del juez.

"Hay que trabajar para no criminalizar a la mujer que se practique un aborto", reveló ayer la diputada Marcela Campagonoli, una lilista de la Coalición Cívica, en contra de la legalización. Algunos referentes incluso intentarían proponer en el recinto que directamente no haya penalidad alguna.

La histórica discusión fue impulsada por los estrategas de comunicación en febrero pasado para retomar la iniciativa de una gestión castigada por la reforma previsional y los vaivenes de la economía, que ni se asemejaban a los vividos hoy luego de la devaluación del 50 por ciento producto de la crisis cambiaria.

Cerca del presidente valoran la "apertura al diálogo" en un tema que "sí o sí" se venía imponiendo en la agenda legislativa. Lo cierto es que en Jefatura de Gabinete buscan imponer estos temas que posibiliten al Poder Ejecutivo retomar la agenda y mostrar el perfil "democrático" del gobierno al hacerse eco de todos los debates, sin importarle confrontar con actores como la Iglesia y el Papa Francisco.

Y para ello apuestan al doble juego que, en los hechos, ha expuesto Mauricio Macri que ha anunciado el apoyo al debate el 1º de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento y, por otro lado, se ha manifestado a "favor de la vida".

Ayer posteó en sus redes sociales, tal vez sabiendo el resultado de la votación, una columna titulada "No importa cuál sea el resultado, hoy ganará la democracia".

En un párrafo, consideró que "la importancia de esta votación va mucho más allá del tema específico que intenta dirimir. Nos plantea como sociedad un escenario pacífico para promover y realizar cambios. Pero, además, nos obliga como individuos a comprometernos a aceptar que hay otros que piensan distinto".

No dejando detalle librado al azar, por la mañana Macri visitó el Centro de la Mujer y Políticas de Género "Diana Staubli", en Vicente López, donde mantuvo un encuentro con familiares de víctimas de femicidio. Abrazado a la bandera de las políticas de género, desde comienzos de su mandato busca sacar rédito político al promover políticas en este sentido.

La diputada bonaerense Silvia Lospennato, que ganó sus 15 minutos de fama con su encendido discurso a favor del proyecto debatido en la cámara baja, visitó al menos dos veces la Casa Rosada en las últimas semanas, convocada por la secretaría de asuntos parlamentarios de Jefatura de Gabinete.

En una postura contraria, también se lo vio en los últimos días por el palacio de gobierno al senador Esteban Bullrich, quien fue asesorado en temas de modulación y discurso. El ex ministro aboga para que la agenda que promovió el debate sirva para aplicar en todos los distritos la ley de salud sexual integral, que contemple la enseñanza en todos los ámbitos de métodos anticonceptivos. Campagnoli también pidió mejorar la ley de salud reproductiva para hacer foco en áreas deficitarias en su aplicación.

En el gobierno intentan conciliar las dos posturas para que no haya heridos. Acerca de la propuesta de una consulta popular, un funcionario dijo que "es muy prematuro para decirlo. Habrá que analizar opciones pero esperemos que termine la votación y cómo continúa todo".

En Diputados el cordobés Juan Brugge (Demócrata-Cristiano) presentó un proyecto para que se lleve a cabo una consulta popular para votar por el "sí o no" a la iniciativa que tiene media sanción. Anoche en Casa Rosada esa idea no cuajaba.

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