El Gobierno celebra la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal para incentivar el blanqueo

El proyecto fue aprobado por 43 votos afirmativos y 26 negativos, con el respaldo del oficialismo libertario, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y senadores alineados con distintos gobernadores, mientras que el rechazo provino de la totalidad del bloque peronista-kirchnerista que conduce José Mayans.

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La norma, impulsada por el Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo y respaldada por el presidente Javier Milei, introduce cambios de fondo en el Régimen Penal Tributario, en la Ley de Procedimientos Fiscales y en el Código Civil y Comercial, además de crear un Régimen de Declaración Jurada Simplificada orientado a contribuyentes de alto patrimonio.

Régimen simplificado de Ganancias

Uno de los ejes centrales del texto es la creación de un “Régimen simplificado de Ganancias”, al que podrán adherir personas con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos.

Según el Gobierno, quienes ingresen a este esquema quedarán “blindados para siempre”, ya que no estarán obligados a informar variaciones patrimoniales ni serán controlados por sus consumos personales.

En la práctica, esto implica que ARCA solo cobrará el impuesto a las Ganancias sobre los ingresos efectivamente facturados por el contribuyente, sin tener en cuenta el eventual crecimiento de su patrimonio.

Sobre esa base imponible, además, se podrán deducir los consumos declarados, lo que representa un cambio sustancial respecto del esquema tradicional de fiscalización.

Elfecto liberatorio del pago

El artículo 39 de la ley establece el denominado “efecto liberatorio del pago”: si el contribuyente acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y cumple con el pago en tiempo y forma, quedará liberado de acciones posteriores, salvo que se compruebe la omisión de ingresos. Para el oficialismo, este punto es clave para generar previsibilidad y reducir la conflictividad entre el fisco y los contribuyentes.

Otro aspecto relevante es la modificación de los montos a partir de los cuales se configura el delito de evasión. En el caso de la evasión simple, el piso se eleva de 1,5 millones de pesos a 100 millones, mientras que para la evasión agravada el umbral pasa a ser superior a los 1.000 millones de pesos, cuando antes se fijaba en apenas 15 millones. Desde el Ejecutivo argumentan que la actualización busca adecuar la ley a la inflación acumulada y evitar la criminalización de infracciones menores.

La ley también reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años y establece que ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes, un beneficio que podrá utilizarse una sola vez. En los casos en los que la denuncia aún no haya sido radicada, la acción penal quedará extinguida si el contribuyente paga lo adeudado más un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el espíritu general del proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales para fomentar la regularización voluntaria de activos, la ley también contempla un endurecimiento de las sanciones económicas por la presentación fuera de término de las declaraciones juradas.

Durante el debate, el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para ampliar la base tributaria, atraer dólares al sistema formal y reducir la economía en negro. Desde el kirchnerismo, en cambio, cuestionaron el proyecto por considerar que beneficia a los evasores y debilita la capacidad de control del Estado.