El oficialismo intentará dictaminar el proyecto este martes en Diputados y sancionarlo antes del viernes. Provincias mineras respaldan los cambios.
El Gobierno nacional aceleró el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares y se propone lograr su sanción esta misma semana en la Cámara de Diputados. El oficialismo confía en reunir los votos necesarios junto a bloques dialoguistas para convertir en ley un proyecto que apunta a facilitar inversiones mineras, especialmente en cobre y litio.
El primer paso será este martes a las 14, cuando se reúna el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales para emitir dictamen. El encuentro estará encabezado por los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, y contará con la participación de gobernadores de provincias interesadas en la iniciativa.
Entre los mandatarios que podrían exponer figuran Marcelo Orrego y Raúl Jalil, quienes vienen reclamando modificaciones a la normativa vigente al considerar que limita el desarrollo de proyectos extractivos en sus distritos. Finalizada la reunión, el oficialismo buscará firmar el dictamen y avanzar hacia la sesión prevista para el miércoles.
El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado, donde fue aprobado con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. En Diputados, La Libertad Avanza sostiene que tiene los números asegurados, con el respaldo del PRO, sectores de la UCR y bloques federales.
La iniciativa propone modificar el alcance de la protección ambiental: mientras la ley vigente resguarda a todos los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua, la reforma limita esa protección estricta a aquellas geoformas que demuestren un “aporte hídrico relevante y comprobable”. Además, otorga mayor participación a las provincias en la elaboración del inventario de glaciares.
Desde el oficialismo argumentan que los cambios no implican una reducción de los estándares ambientales, sino una mayor precisión normativa y el reconocimiento del dominio provincial sobre los recursos naturales. En esa línea, destacan la necesidad de destrabar inversiones millonarias hoy paralizadas.
Sin embargo, el proyecto genera fuertes cuestionamientos. Organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición advierten que se trata de una “regresión ambiental” y anticipan que, en caso de aprobarse, la ley será judicializada por presunta inconstitucionalidad.
El debate llega además en un clima político cargado, atravesado por polémicas recientes dentro del oficialismo, lo que anticipa una sesión con alto voltaje. A esto se suma el antecedente de las audiencias públicas realizadas el mes pasado, que generaron críticas por la limitada participación efectiva frente a más de 100 mil inscriptos.
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