Política
En la acusación que recaló en el juzgado del juez federal Daniel Rafecas, la administración federal hace hincapié en “la alteración del orden económico y financiero por parte de la compañía”.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la empresa Delphi Packard Argentina, propiedad del fondo buitre Elliot, por presuntas "maniobras de vaciamiento y cierre", que provocaron el despido de 470 trabajadores.
La presentación se hizo ante el juzgado federal nº 3 a cargo de Daniel Rafecas, por el presunto delito de "alteración del orden económico y financiero", previsto en el artículo 309, del Código Penal.
La empresa pertenece a capitales estadounidenses y está controlada por el fondo de inversión Elliot, del financista Paul Singer, quien mantiene un litigio judicial con la Argentina, por el cobro de bonos en default.
Singer es propietario también de la empresa R.R. Donnelly Argentina, que declaró su quiebra y cerró sus puertas hace 6 meses, por la que el organismo también interpuso una denuncia penal.
La multinacional ya les comunicó a sus más de 470 empleados que próximamente cerrará sus puertas, a sólo dos años de que Delphi Packard Argentina adquiriera la empresa a TCA, del Grupo Pescarmona.
Según fuentes del organismo fiscal, la AFIP solicitó a la justicia argentina librar un exhorto a la SEC (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos, una dependencia equivalente a la Comisión Nacional de Valores de la Argentina, para que informe sobre la titularidad de acciones de DELPHI.
La compañía Delphi Packard, que se encuentra en la localidad sanjuanina de Santa Lucía, fabrica partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y produce mazos de cables para la terminal automotriz Peugeot.
Según fuentes de la AFIP, el fondo buitre compró en 2012 esa compañía promocionada financieramente por el Estado con el objetivo de sacarla del mercado nacional de autopartes para luego vender los mismos productos desde una planta que posee en Brasil.
El organismo recaudador descubrió también, entre otras irregularidades, que luego de tomar un préstamo por medio millón de dólares, no presentó la documentación respaldatoria que acredite el ingreso y cancelación del mismo, como así tampoco la traducción certificada del contrato.
También la administración federal señaló que el 76 por ciento de los pasivos en el exterior corresponden a deudas comerciales por operaciones de importación con empresas vinculadas como DCS France (Francia) y Delphi Aut. Sys (Brasil).
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