El bloque de diputados del Frente para la Victoria postergó para hoy, por sus diferencias internas, una definición sobre la postura que asumirá en la sesión especial en la que se debatirán los pedidos de desafuero presentados por los jueces Claudio Bonadio y Luis Rodríguez contra el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido.
A diferencia de lo que sucedió en julio pasado, cuando el FpV se encolumnó para salvar de la expulsión a De Vido, ahora surgieron diferencias dentro de la bancada K, que conduce el bonaerense Héctor Recalde.
Por eso se decidió postergar para hoy la toma de posición que asumirá ese espacio político. El ex ministro de Planificación no estuvo presente en la reunión del bloque celebrada en el despacho de Recalde, en la que participaron unos 50 de los 73 legisladores (entre propios y aliados), y ya se anticipó que tampoco lo hará hoy cuando se reanude el debate para acordar una posición unificada del kirchnerismo.
Los pedidos de quita de fueros y detención a De Vido fueron presentados por Rodríguez, quien investiga la malversación de fondos en la mina de Río Turbio, y por Bonadio, quien lleva la causa referida a la compra de gas licuado.
Hermetismo
Con un hermetismo absoluto se realizó la reunión del bloque, donde cada legislador que salía de ese encuentro anticipaba que no iba hablar con la prensa hasta hoy, cuando esperan consensuar la postura que expondrán cuando se debatan los pedidos de desafuero en el recinto de sesiones, a partir de las 11.30.
Solo trascendió que dentro de la reunión reinaba el “desánimo” y la queja por tener que afrontar nuevamente un debate sobre los casos de corrupción en los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, y la mayoría hubiese preferido que Julio De Vido renunciase a su banca.
¿Máximo será el siguiente?
Pero a la vez también existía la preocupación de que no solo quieran avanzar con el desafuero de De Vido sino también con los de Máximo Kirchner -que tiene causas en la Justicia como la de Hotesur- y de Cristina Kirchner, quien debe asumir en diciembre como senadora por la minoría. En lo que sí había acuerdo era en la conveniencia de denunciar hoy “una persecución política de la justicia contra los ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas, y en especial contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, según voceros del sector.
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