El ministro de Justicia señaló que Gils Carbó "no garantiza el combate de la corrupción y del delito común", y que esa situación constituye "una deuda institucional" de ese cuerpo "con toda la República".

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, volvió a pedir ayer públicamente la renuncia de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, luego de señalar que “no garantiza el combate de la corrupción y del delito común” y que esa situación constituye “una deuda institucional” de ese cuerpo “con toda la República”.

“El Gobierno ya se ha expresado marcando que la procuradora no garantiza el combate de la corrupción y del delito común, donde la Procuración debería tener un liderazgo que no tiene y sólo el esfuerzo de fiscales individualmente hace que los procesos penales sigan”, señaló Garavano, quien indicó que el Gobierno espera que esa situación “se corrija con la renuncia de la procuradora o bien con el avance de los casos judiciales (en su contra) y del Congreso”.

De esta forma, el funcionario hizo referencia a las causas en la que Alejandra Gils Carbó está involucrada, entre las que puntualmente mencionó una a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que apunta al desempeño de la procuradora en relación a la investigación del detenido empresario santacruceño Lázaro Báez; y a otra que la investiga por la compra del edificio de la Procuración, que se tramita en el juzgado federal de Julián Ercolini.

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Garavano entendió que la procuradora “no podía desconocer” los detalles de las operaciones inmobiliarias, con lo cual consideró que “es importante que la Justicia clarifique qué pasó” con la compra del edificio de la sede de la Procuración.

“Para un país donde hablamos de luchar contra la corrupción, que exista la sospecha de que la procuradora está sospechada de hechos de corrupción, es en definitiva el colmo que le puede pasar a la sociedad, que las personas encargadas de investigar hechos de corrupción sean ellas mismas investigadas por este tipo de hecho; eso es lo peor que puede pasarle a una sociedad”, postuló Garavano, quien también mencionó el caso del camarista Eduardo Freiler, quien está siendo investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y cuyo desempeño se encuentra también bajo la lupa del Consejo de la Magistratura.

Si bien en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que preside el diputado del PRO Alvaro González, hay al menos nueve pedidos de juicio político contra Gils Carbó, el oficialismo no tiene mayoría en el cuerpo y no logra reunir los 16 votos necesarios para poder abrir una investigación sobre el desempeño de Gils Carbó.

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