Se suman a las otras 86 personas que ya habían sido reconocidos en esa fosa común.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) identificaron los restos de otras 19 personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura militar y estaban sepultadas en el Pozo de Vargas.

Entre los identificados se encuentran Armando Archetti, Dardo Exequiel Arias, Julio César Campopiano, René Armando Castellano, Alba Luz Consentino, Federico Aldolfo Furth, Néstor Ubaldo Herrera, María Trinidad Iramain, Félix Daniel López, Angel Vicente Manfredi, Julio Antonio Martín y Angel Alfonso Madina.

También fueron identificados Ricardo Alberto Pisculichi o Rolando Jesús Pisculichi -hermanos, siendo indistinguibles desde el punto de vista genético- Humberto Rubén Ponce, Pedro Rodoletto, María Teresa Sánchez, Juan Carlos Trejo y Hugo Arnaldo Vega.

Uno de los integrantes del CAMIT, Ruy Diego Zurita, explicó a Télam que con ellos “suman 105 las personas identificadas en el denominado Pozo de Vargas”, una fosa común clandestina de 3 metros de diámetro por 40 metros de profundidad que fue utilizada para ocultar los cuerpos de personas detenidas y asesinadas en Tucumán desde el comienzo del Operativo Independencia, en 1975, y durante la última dictadura, hasta 1979 aproximadamente.

Por su parte, el fiscal federal Pablo Camuña, coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Tucumán, confirmó a través de su cuenta de Twitter que, hasta la fecha, “se recuperaron 37.000 fragmentos de restos óseos”, así como “más de 100 proyectiles, prendas de vestir, anillos y vendas”.

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“Para esconder el pozo se usaron 160 camiones de escombros, se encontraron restos de ácido, cal y uso de fuego”, indicó el fiscal, quien precisó que “alrededor de 30 individuos y perfiles genéticos no dieron aun resultado en los cruces con el Banco Nacional de Datos Genéticos”.

“Resta aún trabajar sobre los últimos 7 metros del Pozo de Vargas”, informó, a la vez que reclamó al Consejo de la Magistratura que “habilite los fondos necesarios para ese trabajo”.

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En tanto, desde la secretaria de Derechos Humanos de la provincia se señaló que es necesario “seguir profundizando las políticas de memoria, verdad y justicia para poder continuar con este trabajo tan importante para la sociedad argentina” y se indicó que en la provincia “faltan muchas personas que aún no pudieron ser identificadas y que se sabe estuvieron detenidas en centros clandestinos de detención”.

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