Se coordinaron dos líneas de acción: por un lado, apoyar a los pueblos originarios y, por el otro, articular una comisión de seguridad por el grupo Resistencia Ancestral Mapuche para prevenir incidentes.

El gobierno recibió en Casa Rosada a los gobernadores patagónicos afectados por los ‘grupos violentos’ mapuches -se evitó presentarlos como elementos terroristas como anteriormente había deslizado algún funcionario- para coordinar dos líneas de acción: por un lado apoyar a los pueblos originarios a través del Instituto de Asuntos Indígenas (Inai) y por el otro, articular con las provincias una comisión de seguridad para caracterizar al RAM como un sector que actúa fuera de la ley y frente a ello prevenir incidentes.

Ayer por la tarde el jefe de Gabinete Marcos Peña, que estuvo acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el titular de Justicia Germán Garavano y su par de Interior, Rogelio Frigerio, recibió en su despacho a los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Mariano Arcioni (Neuquén).

La decisión del Ejecutivo de mostrar un gesto político va en paralelo a la investigación que lleva adelante el juez Gustavo Villanueva por el desalojo en el predio de Villa Mascardi, en el que murió el joven mapuche Rafael Nahuel de un balazo 9 mm.

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En este contexto, ayer trascendió que el Villanueva ya analiza fotos y testimonios que tomaron los prefectos que participaron del operativo en Mascardi que, según ventiló el oficialismo, expondrían armas, equipos handy, celulares y ropa que fueron secuestrados a los militantes mapuches durante el procedimiento realizado el 25 de noviembre.

Para el gobierno y los mandatarios patagónicos no quedan dudas que en los últimos meses fueron militantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) quienes protagonizaron hechos violentos en la zona.

Empero, el obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, negó que exista el RAM como grupo sedicioso y expresó su temor que desde el poder se esté ‘construyendo un enemigo interno’. El prelado ha sido el factótum de la mesa de diálogo constituida en la bella ciudad rionegrina luego del intento de desalojo del parque Mascardi realizado por el grupo Albatros, de Prefectura, en el que murió Nahuel.

Lo cierto que en la cumbre de ayer en Balcarce 50 se acordó crear un comité integrado por los ministros nacionales y provinciales de Seguridad y Justicia para aplicación de políticas públicas en cuestiones vinculadas a los pueblos originarios y ‘puntualmente a la problemática RAM’, según un vocero consultado.

También el oficialismo buscará dar mayor participación en el Inai a las provincias parar mejorar los mecanismos de registro y de adjudicación de tierras. La semana próxima los funcionarios de ambos niveles volverán a reunirse con el comité ya formalizado.

Al referirse a esta problemática, el jefe del bloque del PJ en el Senado, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, ha caracterizado a los grupos RAM como un foco de ‘protomontonerismo’.

Ayer se evitó hablar de foco guerrillero. ‘Con la comisión de seguridad se buscará caracterizar claramente al RAM como un grupo violento, fuera de la ley y vamos a presentar un documento que lo avale’, indicó una calificada fuente gubernamental a este diario.

En tanto, el vocero gubernamental consultado remarcó que para prevenir y actuar ante episodios violentos las fuerzas provinciales coordinarán procedimientos con Seguridad de Nación. ‘Estamos frente a grupos que usan armas’, insistió.

Por otra parte, varios ministros se presentaron ayer por la tarde en Casa Rosada para firmar ‘reasignaciones presupuestarias’ requeridas por Jefatura de Gabinete para culminar el ejercicio 2017. Fue así como se vio a Bullrich (Seguridad), Guillermo Dietrich (Transporte), Jorge Faurie (Cancillería) y Juan José Aranguren (Energía), entre otros, dirigirse hasta la secretaría Legal y Técnica para firmar el decreto que hoy saldría publicado en el Boletín Oficial.

Con todo, se pospuso la firma del texto que convoca a sesiones extraordinarias para este año y, por el feriado, podría salir recién el martes. Se especula que el Ejecutivo, en enero próximo, convocaría al Parlamento a extraordinarias para febrero. En el gobierno admiten que varios de los proyectos del ‘reformismo permanente’, incluidos los cambios en legislación laboral, podrían debatirse recién en 2018.

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