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La diputada de Unión por la Patria ratificó que volvería a desconectar los micrófonos en plena sesión por la reforma laboral y La Libertad Avanza presentó un proyecto para removerla.
La diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano defendió su intervención durante la sesión en la que se debatió la reforma laboral y aseguró que “lo volvería a hacer”, luego de ser captada desconectando los micrófonos de los taquígrafos en el recinto. En respuesta, el bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto para pedir su expulsión por inhabilidad moral.
El episodio ocurrió en medio de una sesión marcada por fuertes cruces y tensión política, cuando cámaras de seguridad y registros de teléfonos móviles mostraron a la legisladora manipulando cables de los equipos encargados de registrar oficialmente el debate. La maniobra buscó interrumpir el desarrollo de la discusión sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
En declaraciones radiales, Carignano justificó su conducta como una forma de resistencia frente a lo que definió como un retroceso en derechos laborales. Sostuvo que la iniciativa oficial representa “un negocio para pocos” y acusó a los sectores dialoguistas de avalar un proceso de precarización. “Se están llevando puestos 80 años de conquistas laborales y se escandalizan por un cable”, afirmó.
La diputada también protagonizó cruces verbales con otras legisladoras durante la sesión, entre ellas Lilia Lemoine. Consultada sobre si se arrepentía de lo ocurrido, respondió que repetiría su accionar “una y mil veces” si considera que es para defender a los trabajadores.
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Desde el oficialismo, el pedido de expulsión sostiene que la conducta de la legisladora constituyó un intento de sabotaje al funcionamiento institucional del Congreso. En los fundamentos del proyecto, los diputados libertarios señalaron que se trató de actos contrarios al orden democrático y al normal desarrollo de la sesión.
El bloque oficialista advirtió que no permitirá que episodios de ese tipo se conviertan en herramientas parlamentarias y reclamó una sanción ejemplificadora. La controversia abre un nuevo frente político en el Congreso, en un contexto de alta polarización tras la media sanción de la reforma laboral.
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