La Justicia frenó los despidos en el INTA y el Gobierno acató la medida

El Ministerio de Economía notificó formalmente al organismo, que dejará sin efecto las cesantías que afectaban a casi 300 trabajadores.

La medida judicial, dictada por la jueza Martina Isabel Forns, responde a una cautelar presentada por la Asociación del Personal del INTA (APINTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que habían advertido sobre el impacto laboral y productivo de la reestructuración. El fallo obliga al Ejecutivo a abstenerse de ejecutar los artículos 59 a 69 del decreto, que rediseñaban la estructura del INTA y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), además de disponer la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE).

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En paralelo, Economía envió una nota interna al presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, instruyéndolo a suspender por seis meses las decisiones vinculadas a la reorganización. De esta manera, las disposiciones quedarán congeladas hasta fines de febrero de 2026. “El Ejecutivo Nacional deberá abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del Decreto N° 462/2025”, señaló la resolución de Forns.

El conflicto en el INTA

El conflicto había estallado la semana pasada, cuando una resolución firmada por el ministro Luis Caputo dispuso la “disponibilidad” de 286 empleados, lo que en la práctica implicaba su desvinculación. La reacción gremial fue inmediata y derivó en la presentación judicial que ahora frena la reestructuración.

El caso del INTA se convirtió así en uno de los primeros tests judiciales para el decreto de reorganización del sector público. La resolución de la Justicia no sólo devuelve certezas a los trabajadores, sino que también abre un interrogante sobre la viabilidad de aplicar cambios estructurales en organismos con fuerte arraigo en el entramado científico y productivo nacional.

En los hechos, la decisión implica que el INTA continuará funcionando con la misma dotación de personal y sin alteraciones en su organigrama. Para los gremios, el fallo representa una victoria en defensa de los derechos laborales y una señal de que la Justicia puede convertirse en un freno a las políticas de ajuste. Para el Gobierno, en cambio, se trata de un revés judicial que lo obliga a recalcular el ritmo y la forma de sus reformas administrativas.

Con la cautelar vigente hasta febrero de 2026, el futuro del organismo dependerá de cómo avance la discusión en los tribunales y de la capacidad de negociación entre el Ejecutivo y los sindicatos. Mientras tanto, los 300 trabajadores afectados recuperan cierta tranquilidad en medio de un clima de incertidumbre generalizada en el sector público.