Política
2'
El magistrado admitió públicamente que suspendió un allanamiento a una financiera tras recibir un llamado por parte de Carlos Liuzzi, número dos de Zannini. Amenaza de juicio político.
Referentes de la oposición cargaron ayer contra el juez federal Norberto Oyarbide luego de que admitiera haber suspendido un allanamiento a una financiera por un llamado de la Casa Rosada y anunciaron que pedirán su juicio político por mal desempeño en sus funciones.
Los diputados radicales José Cano, Mario Negri y Manuel Garrido anunciaron que presentarán una denuncia penal contra Oyarbide e impulsarán un nuevo pedido de juicio político.En tanto, el integrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi inició la investigación formal contra Oyarbide: explicó que "el tema está siendo investigado por la Cámara Federal", por lo cual pidió formalmente "que con toda urgencia se remita ese expediente al Consejo de la Magistratura".
"De esa manera se podrán aplicar todas las leyes que correspondan. Una vez más, la conducta del juez Oyarbide empaña la imagen de la Justicia", fustigó el consejero, representante de los abogados porteños.
Cano, en tanto, sostuvo que la denuncia del juez federal "confirma los peores presagios sobre sus inescrupulosos vínculos con el poder político de turno", al tiempo que pidió que sea "destituido y condenado por su responsabilidad penal en una sucesión de hechos que aseguraron impunidad al poder kirchnerista".
Los diputados radicales también denunciarán penalmente al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini y a su colaborador, Carlos Liuzzi, quien se habría comunicado con Oyarbide para solicitarle que frenara un operativo en el marco de una causa por lavado de dinero sobre una financiera porteña.
"Oyarbide no sólo debe ser destituido como juez de la Nación. Tiene que ser condenado por su responsabilidad penal en una sucesión de hechos que aseguraron impunidad al poder kirchnerista. También hay que investigar la responsabilidad penal de los funcionarios a los que el propio magistrado involucra en un delito gravísimo. Estamos hablando de la mano derecha de la presidente de la Nación", apuntó Cano.
En tanto, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, sostuvo que fue "gravísimo" el comportamiento de Oyarbide y pidió a la Justicia que esclarezca este episodio para darle una "respuesta a la sociedad".
"Parte de la credibilidad de la Argentina tiene que ver con la responsabilidad de todos de consolidar la independencia de poderes y más la independencia del Poder Judicial, que hace que tengamos una herramienta para revisar las conductas y el marco normativo del país", advirtió Massa.
"De esa manera se podrán aplicar todas las leyes que correspondan. Una vez más, la conducta del juez Oyarbide empaña la imagen de la Justicia", fustigó el consejero, representante de los abogados porteños.
Los diputados radicales también denunciarán penalmente al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini y a su colaborador, Carlos Liuzzi, quien se habría comunicado con Oyarbide para solicitarle que frenara un operativo en el marco de una causa por lavado de dinero sobre una financiera porteña.
"Oyarbide no sólo debe ser destituido como juez de la Nación. Tiene que ser condenado por su responsabilidad penal en una sucesión de hechos que aseguraron impunidad al poder kirchnerista. También hay que investigar la responsabilidad penal de los funcionarios a los que el propio magistrado involucra en un delito gravísimo. Estamos hablando de la mano derecha de la presidente de la Nación", apuntó Cano.
"Parte de la credibilidad de la Argentina tiene que ver con la responsabilidad de todos de consolidar la independencia de poderes y más la independencia del Poder Judicial, que hace que tengamos una herramienta para revisar las conductas y el marco normativo del país", advirtió Massa.
En declaraciones a radio La Red, el titular del FR consideró: "Creo que es muy importante que ese tema se esclarezca y se brinde, en el marco de la investigación, una respuesta a la sociedad".
Por su parte, el titular del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, coincidió en que "se trata de un hecho grave" y dijo que "el reconocimiento por parte de Oyarbide de frenar un operativo después de recibir un llamado de un señor cercano al Secretario Legal y Técnico exige que se le inicie juicio político".